TRIBUNA

El escándalo de las preferentes

En la última década las participaciones preferentes han sido objeto de colocación agresiva por las entidades de crédito entre inversores minoristas a través de sus redes comerciales. En este artículo se hace una reflexión crítica sobre el comportamiento de las entidades emisoras, los organismos supervisores y los inversores.

El diseño de los incentivos de la red comercial podría interferir negativamente en la función de asesoramiento de los inversores. La fuerte presión por el cumplimiento de objetivos favorece la colocación masiva de los productos del catálogo, en detrimento del ajuste al perfil de riesgo y situación financiera del cliente.

Este conflicto entre colocación y asesoramiento se agrava cuando las entidades emisoras requieren con urgencia importantes fondos para reforzar su solvencia. En algunos casos, la colocación masiva de preferentes en los últimos años permitió resolver, al menos a corto plazo, los problemas estructurales de solvencia de algunas cajas de ahorros. Además, la colocación de preferentes entre inversores no sofisticados revela deficiencias en la formación financiera de algunos empleados de las redes comerciales. Así lo revelan algunas prácticas tales como colocar preferentes entre clientes de edad avanzada, ofrecer el producto como alternativa ante la baja remuneración de los depósitos a plazo, aconsejar la inversión en preferentes de la mayor parte del patrimonio financiero del inversor, entre otras.

La reputación de la entidad de crédito -uno de los intangibles esenciales del negocio bancario- podría verse seriamente dañada, con importantes implicaciones sobre la confianza de los clientes en la institución y la imagen que proyecta sobre el conjunto de la sociedad.

En la última década parecen haber colisionado dos de las funciones asignadas al Banco de España: (i) favorecer la estabilidad del sistema bancario y (ii) lograr la protección del cliente bancario. Las crecientes necesidades de capitalización de las entidades de crédito en un entorno adverso han conducido a que la primera de las funciones haya tenido más peso que la relativa a la protección de la clientela de las entidades.

El modelo de protección del inversor adoptado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) también presenta deficiencias que se han puesto de relieve en el caso de las participaciones preferentes y otros instrumentos complejos. La evidencia muestra una confianza excesiva en las bondades del folleto explicativo de las emisiones, donde aparecen reflejadas las características de los instrumentos financieros, así como los riesgos inherentes a los mismos. Quizá habría que plantearse cuestiones como: ¿cuántos inversores minoristas se leen el folleto?, ¿cuál es su capacidad real para valorar e interpretar la información financiera?, ¿en qué medida las advertencias incorporadas en las primeras páginas condicionan la decisión de los inversores?, entre otras.

Los modelos de protección deberían otorgar un mayor peso al fomento efectivo de la educación financiera del inversor y no limitarse al cumplimiento, en ocasiones meramente formal, de un conjunto de normas. El desarrollo de la cultura financiera del inversor permite crear una actitud crítica y una mayor capacidad de análisis ante las ofertas financieras.

También merece una reflexión crítica la actitud del inversor minorista. Como evidencia la experiencia reciente, algunos inversores minoristas muestran ciertos comportamientos erróneos: (i) una excesiva confianza, cuando no fe ciega, en la red comercial de las entidades de crédito; (ii) una ausencia de una actitud crítica: ¿cómo es posible que el interés de las preferentes sea en algunos casos del 7%-8% anual cuando la remuneración de los depósitos a plazo no excedía del 2% en algunos periodos?; (iii) una falta de diligencia con la firma de documentos bancarios, sin haber reparado en su contenido; (iv) una cierta codicia que sesga su percepción de los instrumentos financieros hacia la rentabilidad, sin reparar en los riesgos inherentes, y (v) su escasa permeabilidad ante las advertencias del regulador, incluso aunque estas hayan sido reiteradas, tal como se puso de manifiesto en el caso de Nueva Rumasa.

Eduardo Menéndez Alonso. Profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Oviedo