El uso racional del papeleo
En estos tiempos se impone eluso racional del papeleo. La patronal contribuye con supropuesta a obtener la simplificación de la autorización ambiental integrada (AAI). El autor analiza sus ventajas.
Desde hace muchos años hemos oído hablar de la importancia para nuestra sociedad del uso racional de la energía, término técnico que supera el coloquial de ahorro de energía. El mismo reduce nuestra vulnerabilidad exterior, es más barato que las fuentes de energía tradicionales y más respetuoso con el medio ambiente.
Sin embargo, en los momentos actuales tenemos que dar una atención similar al uso racional del papeleo (URP), como filosofía de eliminación de las cargas administrativas repetitivas, innecesarias o simplemente de dudosa utilidad. También va a reducir nuestros gastos innecesarios y, así, reduce la dependencia exterior de créditos, es más barato que rellenar y rellenar partes y enviar documentos y va a contribuir a ahorrar la emisión de millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, así como a disminuir drásticamente la irritación de cientos de miles de empleados de empresas y ciudadanos españoles.
Ello viene a cuento de que, en los pasados días, tuve la enorme satisfacción de presentar, junto al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y el secretario general de Cepyme, Gonzalo Garnica, el Tercer informe de reducción de cargas administrativas del año 2011, que CEOE y Cepyme hemos elaborado conjuntamente con el equipo de la citada secretaría de Estado, a través de un convenio entre ambas confederaciones y la Administración española.
El tema elegido para 2011 fue la propuesta de simplificación de la denominada Autorización Ambiental Integrada (AAI). A muchos de los lectores no les será familiar el término, pero es posiblemente el trámite más complejo que se puede dar en la legislación española, afectando a más de 5.000 instalaciones industriales y agropecuarias de nuestro país. Es un trámite que nace con la legislación comunitaria, que ha llevado a una transposición primero nacional y, en numerosos casos, a un desarrollo autonómico legal propio y que, por último, tiene competencias compartidas entre los tres niveles de la Administración pública: Administración general del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos.
Por darles algunas cifras, obtener una AAI puede costar a una empresa entre un mínimo de 6.000 euros hasta un máximo de 300.000 euros, con una media estimada en 26.500 euros. Además, desde el momento en el que se completan los datos a presentar ante la Administración competente hasta el momento de su obtención transcurren una media de 20,4 meses, lo que obliga a las empresas a demorar planes para construir o ampliar una instalación. Es como si obligáramos a los jugadores de la selección española de fútbol, flamante campeona de Europa, a dar cien pases horizontales antes de poder pasar del medio campo y poder chutar a portería. Sería aburridísimo para el espectador, quitaría espontaneidad y creatividad, y el rendimiento y la calidad de su gran fútbol bajarían muchos enteros. Esos cien pases horizontales son, muchas veces, las vueltas que da un expediente de AAI antes de encarar su resolución final.
Las soluciones que hemos propuesto implican un ahorro inicial de 383 millones de euros, de una sola vez, en la renovación de las AAI existentes y, posteriormente, un ahorro anual de 14,2 millones de euros para cada año. Más aún, esperamos reducir los plazos de obtención entre dos y cuatro meses, lo que supondrá una reducción del coste de oportunidad para las empresas de 216 millones de euros anuales, derivado de que podrán comenzar más pronto su actividad y crear así el tan necesario empleo. Lo más importante: todas estas mejoras se hacen sin minorar las exigencias en materia medioambiental y de participación pública en todo este proceso y además van a coadyuvar a recuperar la unidad del mercado interior español, ahora fraccionado como consecuencia de la aplicación autonómica diversa de la citada AAI.
Para lograr esto, en CEOE hemos creado la Red Empresarial de Cargas Administrativas (conocida como Redca), formada por 133 profesionales de otras tantas organizaciones empresariales territoriales y sectoriales de toda España. Con esta cantera cubrimos todas las necesidades de identificación de papeleo innecesario y obtenemos, sin parar, nuevas iniciativas de mejora y simplificación.
Pero hemos ido más allá. En el curso de nuestros trabajos hemos visto que sería posible proponer una filosofía denominada convergencia voluntaria de legislaciones y procedimientos autonómicos. Es una filosofía que, respetando el entramado constitucional, recomienda una serie de principios sencillos para facilitar una mejor coordinación de las legislaciones y competencias nacional y autonómica y que puede traducirse en importantes ahorros para las propias Administraciones públicas que, por ejemplo, en la gestión de estos expedientes de AAI, tienen también unos costes muy elevados de tramitación derivados de su enorme complejidad. Esta idea puede también ayudar a reducir, en algunas décimas, ese objetivo de déficit fiscal exigido desde Bruselas y que el Gobierno está encarando de forma decidida.
La determinación de los empresarios en este ámbito es la de que debe implantarse la cultura del uso racional del papeleo, de manera que las cargas administrativas para las empresas y los ciudadanos sean las mínimas posibles y se puedan realizar, en su mayoría, de forma electrónica. Nos consta el extraordinario esfuerzo que la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas está realizando y los enormes logros que España está consiguiendo en este sentido con la colaboración y propuestas permanentes de los empresarios.
Pero nuestro trabajo continúa en el año 2012. Estamos trabajando en simplificar al máximo las cargas administrativas que recaen sobre microempresas y empresarios autónomos, como una muestra del compromiso y prioridad que estos colectivos tienen para CEOE y Cepyme. Hemos acuñado la filosofía de cargas administrativas de base cero para identificar, al margen de la situación existente, cuáles son las obligaciones de información mínimas, en materia jurídico-mercantil, fiscal, laboral o de otro tipo, que estos colectivos tienen con la sociedad. Todo lo que supere este umbral mínimo será una carga administrativa potencial que deberemos tratar de eliminar o al menos simplificar. Por último, esta colaboración público-privada entre CEOE y Cepyme y la Administración española se ha considerado como una buena práctica a nivel europeo y es la dirección técnica y la motivación responsable de los éxitos logrados.
José María Lacasa. Secretario general de CEOE