Las marcas piden penas más duras para los falsificadores
Empresas y autoridades alertan de los perjuicios que el comercio ilícito acarrea para el crecimiento y el empleo.
El comercio ilícito y las falsificaciones son dos de los enemigos más temibles de las empresas, especialmente de aquellas que fundan su éxito en la consolidación comercial de una o varias marcas. El perjuicio económico que les ocasiona es difícil de cifrar porque, a la merma de sus ventas, se suma el descrédito que, indirectamente, acaba salpicando a sus productos. Representantes de compañías como Louis Vuitton, Calvin Klein, Ralph Lauren y Lacoste denunciaron ayer esta situación, durante unas jornadas convocadas en Madrid por el semanario El Nuevo Lunes y la tabaquera Altadis bajo el epígrafe "Comercio ilícito y falsificaciones, freno al crecimiento y al empleo".
Todos coincidieron en lamentar algunas de las reformas que sufrió el Código Penal en 2010 y que Salvador Orlando, asesor jurídico de Loewe -entre otras empresas-, atribuyó a "un afán de buenismo que favorece a las redes de comercio ilícito". Así lo cree también Mónica Dopico, jefa de la Sección de Propiedad Intelectual e Industrial de la Policía Nacional, que calificó de "desastre" el actual régimen penal en materia de piratería y falsificaciones. A su juicio, el error esencial estriba en englobar en el mismo capítulo ilegalidades tan dispares "como las que pueden cometer un mantero y un contrabandista que blanquea capitales a gran escala". Sugiere que sean los fiscales los que instruyan los casos y que la colaboración policial y judicial sea más fluida. "La lucha contra estas redes ilegales exige análisis, creatividad y perseverancia; como con Al Capone, la investigación de pequeños delitos puede llevarnos a esclarecer otros mayores", subrayó la inspectora.
Antonio Moreno, director general de Andema (Asociación Nacional para la Defensa de la Marca), insistió en los peligros que el comercio ilícito entraña para la sociedad. Por un lado, daña las inversiones y destruye empleos, lo que perjudica la salud fiscal del Estado, sin contar con que el dinero que sale de los cauces legales alimenta el poder corruptor de estas redes.
¿Y qué hay de los consumidores? A su responsabilidad se refirió Pilar Jurado, directora del Departamento de Aduanas: "Cuando compramos falsificaciones, ayudamos al crimen organizado".