Reforma energética de alto riesgo
El Gobierno que preside Mariano Rajoy anda enfrascado durante estas últimas semanas en perfilar una de las reformas estructurales más esperadas y demandadas de cuantas ha acometido hasta ahora: la del mercado energético. Los organismos y los expertos nacionales e internacionales consideran que una buena parte de los desequilibrios de la economía española descansan sobre el actual sistema, debido a la confluencia de energías y políticas erráticas que han ido construyendo un auténtico monstruo que ha generado, entre otras cosas, un espectacular déficit de tarifa. Aunque de momento no se conocen exactamente las medidas que contendrá esa reforma, los primeros datos que empiezan a trascender están teniendo un denominador común: la alarma con que han sido recibidos por los distintos sectores implicados, que van desde las grandes eléctricas a los inversores más modestos.
Especialmente contundente fue la reacción ayer mismo de la industria fotovoltaica. En su opinión, imponer un gravamen a su actividad como el que está manejando el Ejecutivo provocaría insolvencias en cadena, en un sector en el que se han invertido casi 25.000 millones en los últimos años. Esos proyectos, además, han estado respaldados por inversores españoles e internacionales que cuentan con fondos del sistema financiero. Un rosario de fallidos podría, consecuentemente, tener perversas consecuencias para los bancos implicados, cuya inversión en este sector ronda los 20.000 millones.
Otro aspecto sobre el que alertan los empresarios es el impacto negativo en la imagen exterior de España como consecuencia de un cambio regulatorio que alteraría las reglas del juego con las que comenzó el partido y la consiguiente incertidumbre jurídica. El negocio de la energía renovable en España ha atraído a muchos inversores internacionales, especialmente alemanes, ingleses, árabes y japoneses. Y ya algunos de ellos demandaron al Ejecutivo anterior por los cambios regulatorios que efectuó a finales de 2010. Los riesgos, en suma, son evidentes.
El Gobierno tiene la obligación de lograr que el sistema energético español sea mucho más eficiente en todos sus extremos, tanto para los ciudadanos como para las empresas y sus inversores. Solo así se pondrán las bases para conseguir una economía más flexible, productiva y competitiva. No obstante, debe hacerlo teniendo en cuenta dos grandes premisas. La primera es el diálogo, algo de lo que -según las quejas de varios grupos empresariales- se ha adolecido hasta el momento. Y la segunda, el peligro que existe de que por salvaguardar una compensación o un equilibrio mal entendido entre los actores implicados acabe por quebrar las partes del sistema que funcionan o aquellas cuya maduración puede ser clave para dar con el mix deseado.