La ley impide que los ingresos fiscales se destinen a un servicio concreto

Montoro se opone a que el 'céntimo verde' sufrague las primas renovables

Ni será un céntimo ni será verde. Hacienda debate con el resto de ministerios la posibilidad de que el recargo del impuesto de hidrocarburos, que incluye la reforma eléctrica de Industria, se destine a sufragar las renovables y frenar, así, el déficit de tarifa. La Ley Presupuestaria no permite, salvo mediante una cláusula de excepción, que la recaudación de un impuesto se vincule a un servicio.

Montoro se opone a que el 'céntimo verde' sufrague las primas renovables
Montoro se opone a que el 'céntimo verde' sufrague las primas renovables

La segunda fase de la reforma energética, cuya demora está creando gran incertidumbre en el sector, se está cociendo en el Ministerio de Hacienda, ya que buena parte de las medidas para acabar con el déficit de tarifa son de tipo fiscal. De hecho, la reforma, que ahora se anuncia para la primera quincena de julio, incluye un proyecto de ley que afecta a ciertos tributos y otro real decreto ley con nuevos recortes de los costes del sistema.

Entre las primeras medidas figura la aplicación de un recargo en el impuesto sobre hidrocarburos de cuatro céntimos por litro de carburante, que se destinaría a financiar las primas de las renovables, que representan un tercio de la tarifa eléctrica (unos 7.000 millones de euros) y a políticas de eficiencia energética. Sin embargo, esta idea del Ministerio de Industria no cuadra con la Ley General Presupuestaria, que establece que los ingresos tributarios deben destinarse, o están "afectados", al sostenimiento de los gastos públicos.

Así, para que la recaudación del céntimo verde se pudiera destinar a sufragar los costes de la tarifa eléctrica (las primas antes citadas), se debería incluir en el proyecto de ley "una cláusula de afectación", que es una excepción que permite la Ley Presupuestaria. Para poder vincular los ingresos a un servicio concreto sería necesaria una tasa y no un impuesto.

Según fuentes del sector, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no es partidario de destinar la recaudación del céntimo verde a las renovables o la tarifa, con lo que el céntimo ya no sería verde. Otras fuentes apuntan a que el ministro solo rechaza que toda la recaudación prevista, unos 1.500 millones de euros, se destine al déficit del sistema eléctrico y quiere que una parte vaya a enjuagar el déficit público.

Lo cierto es que la falta de acuerdo sobre el destino de los ingresos por la subida del impuesto de hidrocarburos y el de la electricidad, que también se incrementará, es la que está retrasando la reforma energética. Y es que la decisión no está solo en manos de Hacienda o de la propia Oficina Económica de Moncloa, sino del resto de ministerios, a los que se les está consultando.

Además, el impuesto de la electricidad está transferido a las comunidades autónomas, por lo que habría que crear dos tramos para que el Estado y, a través de él el sistema eléctrico, pueda disponer de ese dinero.

Otro problema añadido es que, aunque el proyecto de ley incluyese la citada excepción, esta podría ser anulada a la primera de cambio en cualquier ley de presupuestos en beneficio de las cuentas públicas, provocando una gran inseguridad en la tarifa eléctrica. Así lo demuestra la única experiencia de apoyo de los Presupuestos a los gastos del sistema eléctrico: aunque una ley obliga desde 2009 a que las cuentas públicas financien los extracostes de las extrapeninsulares de la tarifa, Economía y Hacienda han eliminado año tras año esta obligación.

La reforma que plantea Industria prevé que el sistema eléctrico, entre recorte de costes y aumento de ingresos, obtenga unos 4.500 millones de euros.

Las eléctricas tienen una deuda de 73.000 millones

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha repetido una y otra vez que el esfuerzo para acabar con la lacra del déficit de tarifa recaerá sobre los consumidores, el Estado y las compañías del sector. En el primer caso, con subidas de tarifas; en el segundo, con un recorte de los costes de los peajes de acceso que cobran las eléctricas y mediante tasas a la generación que recaudará el sistema eléctrico y, en el tercero, a través de los Presupuestos del Estado. En plena crisis, el Gobierno ha optado por aumentar o crear impuestos, pero el problema está servido, pues el déficit público compite duramente con el de tarifa, y la recaudación obtenida por esta vía iría a sufragar el primero.

La incertidumbre y los rumores sobre estas medidas afectan negativamente al sector. Precisamente ayer, Unesa, la patronal de las cinco grandes eléctricas, que son las que financian el déficit, remitió un comunicado en el que exigían al Gobierno que haga pública cuanto antes la reforma, para evitar "la difícil situación en que se encuentran en los mercados internacionales". Las agencias de rating han rebajado la calificación de las eléctricas hasta situar a algunas en perspectiva negativa. En este sentido, Unesa reclama que el déficit "sea soportado por todos los que cobran de la tarifa", máxime cuando la reforma de marzo "recayó únicamente en los consumidores y en las compañías de Unesa". La deuda de sus asociadas es de 73.000 millones (44.000 por la actividad eléctrica en España), lo que dificulta las inversiones.

Unesa denuncia la grave e "incoherente" situación que se ha producido con los impuestos ecológicos que aplican las autonomías y rechaza que se paguen primas a dos tercios de la fotovoltaica, a 450 euros/MWh en 25 años, cuando hay plantas en proyecto con prima cero.

Las cifras

1.500 millones son los ingresos previstos por Hacienda por el recargo de cuatro céntimos por litro en el impuesto de hidrocarburos.

4.500 millones es lo que el Gobierno prevé obtener con las medidas de la reforma eléctrica que se aprobará en julio.