Los efectos de la inevitable subida del IVA
La más que probable subida del IVA que prepara el Gobierno -fuentes de Hacienda reconocen estar estudiando ya la medida- cuenta cada día con más datos para ser considerada inevitable. A las presiones europeas para que España amplíe la base imponible del impuesto y las advertencias de Mariano Rajoy sobre la necesidad de adoptar "nuevas medidas difíciles" se sumaba ayer el dato -pésimo dato- de la ejecución presupuestaria del Estado hasta el mes de mayo. El déficit de las cuentas de la Administración española ha alcanzado ya 36.364 millones, el equivalente al 3,41% del PIB, frente al 2,59% registrado durante el mismo periodo del año anterior. Dado que el objetivo para el conjunto del año es únicamente del 3,5%, los datos conocidos ayer no hacen más que confirmar lo que a estas alturas resulta evidente: la imposibilidad de que España sea capaz de cuadrar unas cuentas tozudas, ingobernables y fuera de control. A favor de esa hipotética subida del impuesto juega también el resultado que se obtiene al comparar la política fiscal española en impuestos especiales con la de la mayor parte de nuestros vecinos europeos. Los últimos datos publicados por Eurostat indican que de los 27 países miembros de la UE, España es el que menos ingresa a través del IVA y aquel en el que los tipos reducidos y superreducidos tienen un mayor peso sobre la base imponible total. La recaudación por este impuesto en 2010 supuso únicamente el 5,5% del PIB, un umbral que incluso un país como Grecia supera.
Pese a todas esas razones, la decisión de subir el IVA no es, ni mucho menos, pacífica y sus consecuencias deben ser analizadas y sopesadas con extremo cuidado. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconocía hace unos días en un alarde de sinceridad la existencia de opiniones divididas sobre esta cuestión en el seno Gobierno. No en vano, una elevación del IVA traerá consigo un efecto detractor sobre el consumo -que en España se halla ya en un nivel bajo mínimos- que es necesario valorar con mucha prudencia. A ello hay que sumar la evidencia de un elevado nivel de gasto público sobre el que todavía existe amplio margen para aplicar recortes. La sangría presupuestaria que supone mantener el complejo entramado territorial, administrativo e institucional de las Administraciones públicas no tiene justificación alguna en un momento en el que la máxima es recortar gastos y ajustar recursos. Pese a la urgencia que marcan los plazos de cumplimiento del objetivo fiscal europeo y la obligatoriedad de hacer todo lo posible para cumplir con ellos, el Gobierno cuenta con otras opciones a agotar antes de cargar al conjunto de la ciudadanía con una subida impositiva que repercutirá negativamente sobre la actividad económica y que, por tanto, debe ser utilizada como último recurso.