Les acusa de administración desleal y apropiación indebida

La fiscalía se querella contra cinco exdirectivos de Novagalicia

Anticorrupción presentó ayer una querella contra cinco exdirectivos de Novagalicia (Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, âscar Rodríguez y Francisco Javier García de Paredes) por el caso de las indemnizaciones y prejubilaciones millonarias. Les acusa de administración desleal y apropiación indebida.

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado en la Audiencia Nacional una querella contra cinco exdirectivos de Caixa Galicia y Caixanova, las cajas de ahorros gallegas fusionadas ahora en Novagalicia Banco, por la elevadas prejubilaciones e indemnizaciones pactadas presuntamente a espaldas de los órganos de gobierno y del Banco de España, señala el citado organismo judicial.

La querella se dirige al expresidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, y otros cuatro exdirectivos. Tres procedentes de Caixanova -el ex director general, José Luis Pego, el exdirector general adjunto de la oficina de integración, âscar Rodríguez Estrada, y el exresponsable del grupo inmobiliario, Gregorio Gorriarán Laza- y uno de Caixa Galicia, Francisco Javier García de Paredes, exdirector general adjunto.

La fiscalía considera que la decisión de modificación de las condiciones de los contratos de estos exdirectivos, tomada en octubre de 2010 tras la fusión de ambas cajas, "no estaba amparada ni consentida por el consejo de administración del 18 de octubre de 2010". Indica que tampoco fue informado el Banco de España de la provisión que la entidad tuvo que realizar para hacer frente a estos compromisos por pensiones. Por ello considera que los hechos podrían constituir un delito de administración desleal o de apropiación indebida, tipificados con penas de seis meses a cuatro años.

Anticorrupción apunta a Fernández Gayoso, entonces presidente de Caixanova, al considerar que estos cambios contaron "con la necesaria cooperación del presidente de la entidad Julio Fernández Gayoso, en menoscabo del patrimonio de la entidad bancaria que administraban". Además, recuerda que la entidad ha recibido ayudas públicas en dos ocasiones (1.162 millones del primer FROB y 2.622 del segundo), una "difícil situación financiera" que deberían conocer los directivos . Y añade que, según varios informes emitidos en septiembre de 2011, se valoró la entidad en 188 millones.

Pide la devolución de 7,87 millones

La Fiscalía apunta que "el mínimo a devolver, al haber sido cobrado indebidamente por los ex altos directivos asciende a 7,87 millones de euros", ya que existe "grave repercusión para la economía nacional". De esta cantidad, García de Paredes es el más afectado, ya que tendría que reintegrar 5,27 millones de euros, si bien este ha sido el único exejecutivo que desde un primero momento se ha mostrado dispuesto a devolver parte de la indemnización. Pego tendría que devolver 1,44 millones, Rodríguez Estrada (261.000 euros) y Gorriarán (913.600 euros).

Anticorrupción, no obstante, señala que queda pendiente de cuantificar, al no estar aportadas las pólizas individuales de aseguramiento personal, las cantidades a regularizar por los derechos diferidos que tienen reconocidos los ex altos directivos en su plan de pensiones. En el caso de Pego estos se elevan a 10,89 millones de euros, Rodríguez Estrada (8,17 millones), Gorriarán (9,2 millones) y García de Paredes (5,07 millones).