Clesa, fundada en 1943, entra en fase de liquidación
Clesa, que perteneció al grupo Nueva Rumasa, fundada en 1943, que hace tres años empleaba a medio millar de personas, ha entrado en liquidación. El BOE publicó ayer la apertura de la fase de liquidación suspendiendo las facultades de administración del concursado y disposición sobre su patrimonio.
La familia Ruiz-Mateos solicitó en marzo del año pasado la declaración de concurso para la compañía láctea. El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid declaró el concurso voluntario de Clesa a finales de mayo. La compañía reconocía su insolvencia con un pasivo de 1.112,3 millones de euros y un activo de 304,7 millones, convirtiéndose posiblemente en el mayor concurso de acreedores de una compañía española no inmobiliaria -exceptuando los casos de Fórum y Afinsa- según estimaciones de varios profesionales del derecho concursal consultados por este diario.
A finales de ese mismo año los administradores concursales nombrados por el juez advirtieron ya que la compañía no tenía posibilidades de continuar la actividad con un déficit patrimonial de 682 millones de euros. El pasado mes de enero pidieron el inicio de la fase de liquidación.
La administración concursal señaló en su informe que había detectado operaciones de compra de Clesa que nada tenían que ver con su actividad y que habían supuesto una pérdida de tesorería por 112,5 millones.
En septiembre de 2011 Ruiz-Mateos anunció la venta de las empresas de Nueva Rumasa, entre ellas Clesa, a una sociedad de Ángel de Cabo, que un año antes se hizo en una situación similar con Marsans.
José María Ruiz-Mateos y sus seis hijos varones están citados hoy a declarar, en calidad de imputados, en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, tras haber rechazado la jueza instructora de la causa su petición de comparecer por exhorto en Madrid.
Los siete encausados habían alegado que no podían desplazarse hasta la capital balear debido a su "precaria" situación económica.
La sociedad Inversiones Grupo Miralles se querelló contra todos ellos por una presunta estafa de 13,9 millones en la compraventa del Hotel Eurocalas.