De billetes y amnistías
Ahora que nos acosa el déficit público y la prima de riesgo es momento de valorar todas las alternativas para que España pueda cumplir compromisos vitales. Para ayudar a lograrlo, propongo implantar dos nuevos impuestos sobre el uso del dinero efectivo. Serían fáciles de gestionar, claros de explicar y con impacto positivo en la economía y la justicia social.
l Gravar un 1% las retiradas de efectivo en los bancos. La entidad entregaría el dinero pedido en una oficina o en un cajero y cargaría en cuenta lo solicitado más el impuesto, que ingresaría a la Hacienda pública. Se trata de un copago sobre la emisión y distribución de billetes, un servicio muy caro, sobre todo en el plano social, ya que constituye el soporte imprescindible de la economía sumergida y de la criminal. Para no perjudicar especialmente a las personas que por costumbre usan el efectivo, sería recomendable devolver a cada contribuyente, con la declaración del IRPF del año siguiente, el equivalente a una retirada media mensual de 200 euros. La recaudación de este impuesto supondrá al Estado unos 3.000 millones de ingresos anuales.
l Aplicar una tasa del 1% a las ventas en efectivo. Cada trimestre, las empresas, al ingresar el IVA, estarían obligadas a declarar sus ventas en efectivo y pagar un 1% adicional por lo que resulte en ese apartado. Como la mayoría de las ventas en efectivo se realizan en el tramo minorista, hablamos de una especie de subida parcial del IVA, orientada a castigar el espacio donde anida la economía sumergida. La recaudación no bajaría de 2.000 millones. Estas figuras impositivas, además de su importante capacidad recaudatoria, tienen la gran ventaja de que desincentivan el uso del efectivo, tanto por el lado del que paga como del que cobra. Con ello, disminuirán las oportunidades para moverse fuera de la ley y aumentará el rendimiento de otros impuestos.
Si se quiere combatir ese casi 25% de economía sumergida que tenemos, que nos lastra en la competitividad y hace muy injusta la presión fiscal, las acciones para dificultar la circulación de billetes son fundamentales.
Además de las propuestas, hay otras medidas complementarias que se podrían aplicar en la misma línea, como liberalizar de verdad el cobro de los servicios ligados al efectivo. Esto ayudaría a sanear las entidades financieras, podrían racionalizar sus costes y su política de precios, ya que ahora subvencionan los carísimos servicios de caja con lo que cobran por otros productos. También se podría proponer a los países de la eurozona que se dejen de emitir billetes de más de 50 euros y que se estudie ponerles una fecha de caducidad.
Pero no se puede ser muy optimista sobre la determinación de nuestras autoridades para combatir la economía sumergida. Cuando ya hay países avanzados, como Suecia, que han iniciado una decidida política de eliminar el uso del papel moneda, la única medida que nuestro Gobierno propone es reducir a 2.500 euros el máximo que se puede pagar en efectivo. Eso sí, autoriza una amnistía fiscal que incentivará aún más el recurso al dinero negro.
Quizá piense la clase política que con efectivo es más fácil cubrir la financiación ilegal de los partidos o alegar que se ha usado para comprar viajes, coches o trajes y que no se guardan las facturas. Si seguimos como vamos, continuaremos escribiendo el relato de nuestra decadencia al ritmo de un estribillo: los billetes nos ahogan, las amnistías los afloran. Y vuelta a empezar.
Enrique Sáez. Empresario y economista. Autor del libro 'La energía oscura del dinero'