Detenidas 21 personas por defraudar más de 300.000 euros a la Seguridad Social
La Policía Nacional ha detenido en Valencia a 21 personas y ha imputado a otras 47, acusadas de delitos de falsedad documental y fraude al Servicio Público de Empleo por una cuantía superior a los 300.000 euros. El fraude consistía en la creación de una empresa para dar de alta a trabajadores de forma ficcitica para poder cobrar prestaciones y subsidios de paro cuando eran dados de baja.
Agentes de la Policía Nacional en Valencia han detenido a 21 personas e imputado a otras 47, acusadas de delitos de falsedad documental y fraude al Servicio Público de Empleo y a la Seguridad Social por más de 300.000 euros, según ha informado hoy el Ministerio de Empleo.
El Departamento que dirige Fátima Báñez ha explicado el engaño se realizaba mediante una empresa creada sólo para dar de alta como trabajadores a las personas detenidas e imputadas que, posteriormente, eran dadas de baja y accedían al cobro de prestaciones y/o subsidios por desempleo generadas por la relación laboral con dicha empresa ficticia.
Las investigaciones se iniciaron después de que saltara la alarma en la Inspección de Trabajo y en la dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Valencia, al detectar la existencia de una empresa en la que se producían continuos movimientos de altas y bajas, sin que aparentemente existiera una actividad laboral real y que, además, presentaba deudas en sus cotizaciones sociales por un importe superior a los 300.000 euros.
Así, pusieron en marcha la investigación que puso de manifiesto que el administrador de la empresa instrumentalizada suscribía falsos contratos de trabajo, y operaba altas y bajas de los falsos trabajadores a través del sistema informático RED de la Seguridad Social, y les dotaba de la documentación necesaria para obtener las prestaciones. De esta forma obtenía entre 500 y 1.200 euros por cada caso en los que accedía a estas ayudas.
Una vez constatado el fraude, Empleo asegura que "inmediatamente se cancelaron las prestaciones que en ese momento estaban percibiendo los acusados y se imposibilitó el acceso a las mismas de otros solicitantes".