Un nuevo revés para Argentina en el Ciadi potencia las esperanzas de Repsol
Justo a las puertas de que se ponga en marcha la nueva causa iniciada por la nacionalización de YPF, el país suramericano suma una derrota en el Ciadi, en este caso por la incautación de una empresa de tratamiento de agua hace 10 años en la ciudad de Mendoza, que sienta precedente por las expropiaciones impagadas y la violación de tratados.
El fallo por la expropiación de la francesa Saur, que prestaba servicios de agua en la ciudad de Mendoza, llega justo cuando Argentina está en el ojo de la tormenta por sus reiterados incumplimientos ante el tribunal internacional y tras una nueva denuncia por la expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF. El precedente motiva la ilusión de la petrolera española que exige un pago justo.
El grupo Saur, que controlaba Obras Sanitarias de Mendoza, acudió hace ahora 10 años al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por la cancelación de la concesión y la expropiación que efectuó el Gobierno de Mendoza bajo el argumento de la falta de inversiones.
El Derecho internacional determina la responsabilidad del Estado nacional aun por una decisión que adopte una provincia. Será ahora el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner el que deba afrontar los costos de la indemnización que se fijarán en corto plazo y que la empresa cifra en 200 millones de dólares (150 millones de euros).
En el laudo sobre la competencia y responsabilidad del Gobierno argentino, "el tribunal confirma que la expropiación debe ser en cumplimiento con los parámetros legales y los compromisos asumidos por el Estado. Sienta el precedente que Argentina debe indemnizar de manera justa, pronta y adecuada", señaló a CincoDías Fernando Mantilla Serrano, abogado de Saur en este proceso.
El fallo no cuestiona el derecho del país a expropiar una compañía bajo los argumentos que considere justos, sin embargo señala la violación de los tratados de protección de inversiones, la falta de pago de una indemnización adecuada y la ausencia de un tratamiento justo y equitativo con la empresa, al negarle un ajuste tarifario cuando la normativa lo habilitaba. El caso de Saur y el de Repsol con YPF son distintos. En el primero se rechazó un aumento tarifario y luego se canceló la concesión de un servicio público argumentando también la falta de inversión, lo que el tribunal considera como una mera expropiación.
"Es difícil extrapolar los casos, pero queda claro que el tribunal exige que ante una expropiación exista una contraparte", afirmó Mantilla Serrano, quien también representó a Telecom en un caso similar y es experto en arbitrajes internacionales de protección de la inversión.
El mes pasado Repsol presento ante el Ciadi la demanda por considerar la expropiación como "ilícita" y violadora del Tratado de Promoción y Protección de Inversiones, donde el país no ha mostrado voluntad de pago, menos aún de los 10.500 millones de dólares en que la petrolera valora su participación. Las partes cuentan ahora con un plazo de seis meses para alcanza algún acuerdo y evitar el prolongado trámite.
Argentina goza de mal prestigio en el Ciadi. Una de cada tres causas ingresadas en el tribunal es en su contra, sumando un total de 49 denuncias. La explosión de demandas llegó de parte de empresas de capital extranjero afectadas por la salida de la convertibilidad (2002) y la reestatalización de servicios públicos.
Actualmente, más de la mitad de los casos contra el país suramericano siguen su tramitación. Los procesos en arbitraje pueden tardar entre 7 y 10 años en concluir, si no se llega a un acuerdo de las partes previo como ha sucedido con algunas compañías como Telefónica y Telecom. Además de encabezar el ranking de denunciados, arrastra muy mala fama por sus reiterados incumplimientos, a pesar de asumir el compromiso de respetar los fallos del Ciadi.
Este año, dos casos adversos al Estado, promovidos por empresas norteamericanas, que Argentina ha incumplido, le han valido la represalia del Gobierno de Barack Obama de cancelar los beneficios arancelarios a productos argentinos y la oposición para que siga recibiendo financiamiento de organismos multilaterales.
Diez años para determinar la responsabilidad
El dictamen del conflicto que ha enfrentado a Saur con el Gobierno argentino está firmado por el español Juan Fernández-Armesto, en su calidad de presidente del órgano arbitral. Fernández-Armesto, expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), estuvo asistido en este conflicto por dos árbitros.
Según la resolución, colgada ya en la página web del Ciadi, el órgano arbitral declara probado que en este caso Argentina adoptó una serie de medidas expropiatorias y de nacionalización, con el resultado de que Saur fue "desposeído de su inversión" en la empresa de tratamiento de agua en cuestión. Igualmente, declara que Argentina no otorgó a la inversión de Saur un tratamiento justo y equitativo.
Sin embargo, la resolución establece que "la cuantificación de la compensación debida a favor de Saur, por las medidas expropiatorias y de nacionalización adoptadas y por no haber otorgado un tratamiento justo y equitativo a la inversión, y la determinación de intereses y costas serán abordadas en una segunda fase de este arbitraje y decididas en un laudo". Por ello, el la resolución del tribunal arbitral dispone que "convocará a las partes a una audiencia y emitirá una orden procesal en la que fijará los plazos y trámites para el desarrollo del procedimiento".
"El tribunal -continúa-, abrirá un trámite en todo caso para la aportación de prueba en relación al quantum y permitirá que las partes puedan presentar alegaciones y conclusiones en esta materia".
La resolución de este caso está firmada en la ciudad estadounidense de Washington el pasado 6 de junio y es el aparente final de un proceso que Saur inició en 2003 con la primera denuncia ante la corte de arbitraje del Ciadi.
Las cifras
150 millones es la indemnización que Saur ha pedido que le sea reconocida por el tribunal de arbitraje.
49 denuncias acumula Argentina ya en el tribunal. Es el país con más casos arbitrales internacionales abiertos.
10 años tarda en sustanciarse un procedimiento arbitral en este tipo de corte especializada.