Diseña un mecanismo para que se puedan beneficiar las pymes y autónomos con facturas impagadas de hospitales, universidades y otras instituciones públicas

Hacienda estudia cómo ampliar el plan de pago a más proveedores

El Ejecutivo estudia cómo ampliar el plan de pago a proveedores a otros organismos públicos que no sean ayuntamientos o comunidades autónomas, como hospitales, universidades o mancomunidades de servicio público. Así, pondrá a disposición de nuevos proveedores los 8.000 millones que han sobrado del programa actual.

Los proveedores que acepten quitas en la deuda cobrarán sus facturas antes
Los proveedores que acepten quitas en la deuda cobrarán sus facturas antes

El Ministerio de Hacienda puso en marcha el plan de pago a proveedores con dos objetivos: conocer realmente cuál era el volumen de facturas impagadas que ayuntamientos y comunidades autónomas guardaban en sus cajones y poner a cero el contador de la deuda comercial. Además, con semejante inyección de liquidez, el Ejecutivo pretendía frenar en la medida de lo posible la destrucción de empleo y el cierre de empresas como consecuencia de la abultada deuda de las administraciones con autónomos, pymes y grandes corporaciones. En total, han aflorado deudas por valor de 9.263 millones en el caso de los ayuntamientos y 17.718 millones en el de las comunidades autónomas, lo que arroja un resultado cercano a los 27.000 millones. Un volumen de crédito que ofrece un amplio margen hasta llegar a los 35.000 millones del total de recursos que logró captar el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en colaboración con otras 26 entidades financieras.

Por ese motivo, el departamento que dirige Montoro está diseñando un plan B para tratar de agotar ese excedente de 8.000 millones y al mismo tiempo atender a las peticiones de un gran número de proveedores que han mostrado sus quejas por haberse quedado fuera del primer plan. Se trata, por ejemplo, de pymes, autónomos y empresas a los que se les había adjudicado una concesión en una universidad o un hospital público y habían acumulado facturas impagadas.

Su deudor era una institución pública, pero ni una comunidad autónoma ni un ayuntamiento, por lo que no pudieron acogerse a esta iniciativa para recuperar sus deudas. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las empresas a las que se les concede la explotación de una línea de transporte urbano o interurbano, ya que la adjudicación se hace a través de un consorcio o bien a través de una mancomunidad de servicio público (un ente público que agrupa a varios ayuntamientos). Ambos casos no están incluidos dentro del decreto diseñado para el plan de pago a proveedores.

Restan unos 8.000 millones del total del préstamo que el Gobierno logró acordar con la banca

Incluso Hacienda baraja la posibilidad de incluir en esta "segunda fase" a los colegios profesionales, que acumulan un gran volumen de deuda a través del retraso sistemático en el pago de subvenciones por parte de distintos organismos públicos. Antoni Cañete, portavoz de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, cree que es una medida acertada. "Es una oportunidad de oro. Si el Ejecutivo dispone de 8.000 millones y hay organismos públicos con deudas, lo lógico es utilizarlo", recalca.

El principal obstáculo con el que se encuentra esta repesca es cómo garantizar que el organismo público devuelva el crédito concedido para saldar sus facturas impagadas. En el caso de los ayuntamientos y de las autonomías, Hacienda se blindó al vincular el pago del préstamo al envío de transferencias que destina a las administraciones autonómicas y municipales.

De este modo, los que no cumplan con los plazos de devolución verán reducidas las aportaciones que reciben del Estado. Un mecanismo que Hacienda ya está utilizando desde hace un par de ejercicios para recuperar deudas que los ayuntamientos acumulan con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. El caso más llamativo es el de Jerez de la Frontera (Cádiz), el segundo municipio que más facturas impagadas ha presentado, tan solo por detrás de Madrid, y que también tiene un importante volumen de deuda con el Estado. Desde octubre de 2010, Hacienda le retiene la entrega a cuenta mensual (su participación en los ingresos del Estado o PIE), que se eleva a tres millones de euros. En total, ya ha recuperado 63 millones en deudas de ese consistorio.

Subcontratas

El problema que surge con esas nuevas entidades es que no reciben transferencias directas del Estado y por lo tanto no se dispone de un mecanismo para garantizar que podrán devolver el crédito que recibirán para hacer frente a las facturas con sus proveedores. Los técnicos de Hacienda barajan varias posibilidades, entre ellas, que sean las propias comunidades las que avalen ese préstamo. Cañete cree que una manera de asegurar el pago de los créditos sería ligar el cobro de transferencias públicas a la devolución de los créditos.

A la espera de encontrar una solución, Hacienda continúa recibiendo reclamaciones de proveedores que no se han podido acoger al decreto y que acumulan un importante volumen de impagos. En ese caso se encuentran por ejemplo las subcontratas de la construcción, a las que las grandes constructoras deben una suma importante de dinero. Estas últimas han cobrado ya sus facturas, pero no tienen establecido ningún calendario de pago con las subcontratas. Hacienda admite que poco o casi nada puede hacer ante esta situación. Apela eso sí al buen juicio de las empresas que ya están cobrando para que salden cuanto antes sus deudas con sus suministradores y "así toda la cadena productiva se vería beneficiada", subrayan fuentes oficiales.

Tampoco están incluidos dentro del plan de pago a proveedores algunas pymes, autónomos u otras empresas que trabajan en la construcción. Se trata sobre todo de compañías que realizaron proyectos para alguna administración u organismo público, este les entregó la correspondiente certificación de obra (documento que prueba que el trabajo ha concluido), pero les solicitó retrasar la emisión de la factura.

Una práctica que se suele hacer para que no empiece a correr el tiempo en el que tendría que abonarse dicha factura, muy habitual en tiempos como los actuales, marcados por la escasez de liquidez y la ausencia de crédito. Aunque haya sido muy normal recurrir a estas argucias, lo cierto es que a estas constructoras les ha impedido adherirse al plan de pago en marcha; de ahí que reclamen una solución también para su caso. Todas estas casuísticas, según Hacienda, se tendrán en cuenta.

Liquidez para 135.000 compañías

Los ayuntamientos han solicitado 9.263 millones de euros para pagar las 1,71 millones de facturas que adeudaban a 106.283 proveedores. Casi siete de cada diez acreedores eran pymes y el resto eran en su gran mayoría autónomos.

Del dinero solicitado, 7.967 se aportarán a través de préstamos a diez años con dos de carencia, mientras el resto (1.296) se retendrá de la participación en los ingresos que el Estado transfiere mensualmente a los ayuntamientos.

El que más dinero ha solicitado ha sido Madrid, con 1.004 millones, seguido por Jerez de la Frontera, con cerca de 300 millones.

En el caso de las autonomías, el importe de los créditos se eleva a 17.718 millones de euros, de los que se beneficiarán 29.108 proveedores, con más de 3,79 millones de facturas escondidas en sus cajones. La comunidad con más deuda comercial es la Generalitat Valenciana, con 4.354 millones de euros, lo que representa casi el 25% del total del dinero reclamado por las comunidades autónomas. A mucha distancia se sitúan Castilla-La Mancha y Andalucía, con 2.918 y 2.699 millones, respectivamente. Tres regiones no han solicitado ayuda (Galicia, Navarra y País Vasco) al no considerarlo necesario.