La reforma energética incluye un recargo

El Gobierno aplicará el 'céntimo verde' para ingresar 1.500 millones

El grueso de la reforma energética, que el Gobierno podría aprobar hoy, lo soportarán los consumidores y los contribuyentes. La citada reforma incluye un recargo en los carburantes, el llamado céntimo verde; una subida del impuesto de la electricidad, y una tasa general a la producción. Con ella, el Ejecutivo quiere aportar 4.300 millones al sistema.

El Gobierno aplicará el 'céntimo verde' para ingresar 1.500 millones
El Gobierno aplicará el 'céntimo verde' para ingresar 1.500 millones

El Ministerio de Industria ultimaba ayer el real decreto-ley con el que abordará la segunda fase de la llamada reforma energética para acabar con el déficit de tarifa. El proyecto normativo, que incluye esencialmente medidas fiscales, podría ser aprobado hoy por el Consejo de Ministros, según distintas fuentes del sector, aunque no se descarta que su aprobación se aplace a la reunión del próximo viernes, dado que los técnicos del ministerio que dirige José Manuel Soria seguían rematándolo ayer por la tarde.

Según las mismas fuentes, la reforma incluiría tres grandes medidas fiscales: la aplicación del llamado céntimo verde; un incremento del impuesto de la electricidad (medida esta que reconoció ayer Soria), y una tasa general sobre cualquier tipo de generación. Con todo ello, el Gobierno de Rajoy pretende aportar al sistema eléctrico 4.300 millones de euros, lo que ayudaría a poner coto al déficit de tarifa. La primera fase de la reforma, aprobada el pasado 30 de marzo, supuso una subida de las tarifas de 1.640 millones de euros y un recorte de los ingresos de las eléctricas de otros 940 millones, esencialmente de la distribución.

Respecto a la primera medida, se trata de un recargo en el impuesto de hidrocarburos de entre tres y cuatro céntimos por litro de carburante, con el que se pretende ingresar unos 1.500 millones de euros. Las petroleras se han opuesto con uñas y dientes a la introducción del llamado céntimo verde, pues, aunque lo repercutirán en el precio final a los usuarios, temen que esta subida tenga un efecto negativo sobre la demanda y, cada año, en el impuesto de sociedades que pagan.

Aunque los impuestos no son finalistas, se sobreentiende el compromiso del Gobierno para destinar los citados 1.500 millones a sufragar, por ejemplo, el coste de las primas de las renovables, que suponen más de un tercio de los costes de la tarifa de acceso. De esta manera, el sector petrolero haría su contribución a los objetivos medioambientales de la Unión Europea para 2020 y el coste del fomento de las energías limpias recaería no solo en los consumidores eléctricos, sino también en los usuarios del transporte.

Una segunda medida, que avanzó ayer de un modo confuso el titular de Industria, consiste "en un incremento de la imposición indirecta que grava la generación de energía". Fuentes próximas al Gobierno aseguran que se trata de un aumento del impuesto especial de la electricidad (actualmente del 5% de la factura) que, en teoría, grava la producción eléctrica y que las empresas repercuten en la factura a sus clientes. La recaudación se la llevan después las comunidades autónomas.

Dado que todos los impuestos especiales son repercutibles, los consumidores soportarían cualquier subida de este tributo, que se sumarían además a los inevitables incrementos de la tarifa. El Gobierno podría modificar este gravamen para que sus ingresos los cobre el Estado o este y las comunidades en dos tramos distintos. También este dinero iría a las arcas públicas, pero no directamente a recortar el déficit de tarifa.

Una tercera medida que se baraja es el establecimiento de una tasa general a la producción eléctrica, que, por ser tasa, sí sería finalista y se quedaría en el sistema eléctrico. Esta tasa gravaría cualquier tipo de producción (incluso la renovable). También en este caso su coste podría ser trasladado por las empresas al precio final de la energía, salvo la nuclear, la hidráulica y cierta renovable, que, frente a la térmica de carbón y gas, no influyen en la fijación del precio en el mercado mayorista (pool).

Y, además, subida de la tarifa eléctrica en julio

A grandes rasgos, la reforma energética elaborada por Presidencia del Gobierno y el Ministerio de Industria se resume en subidas de impuestos y aplicación de tasas, amén de alguna medida para posponer ciertos costes de la tarifa de acceso, que es la que financia el déficit de tarifa. De hecho, el proyecto de real decreto ley que la contiene, ha sido consensuado previamente con el Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro.

Estas medidas fiscales darían la razón al titular de Industria, José Manuel Soria, que ha venido pregonando desde hace meses que también el Estado contribuiría a la reducción del déficit. Efectivamente, lo hará, previa subida del impuesto especial de la electricidad que grava la generación y que las compañías repercuten en el recibo de la luz y mediante la recaudación de 1.500 millones de euros por la aplicación del céntimo verde a los conductores.

Pero, además, la reforma viene a coincidir con la revisión trimestral de la tarifa el 1 de julio, para la que pintan bastos a la vista de la evolución de los precios en el mercado. En el sector se apunta a que en la próxima subasta Cesur, que se celebra el día 26 y determinará el precio de la electricidad en el recibo, se situará en 55 euros/MWh, frente a los 51 euros/MWh del trimestre que ahora termina. Como dijo ayer el ministro canario tras una comparecencia pública, la revisión tarifaria "dependerá de la subasta, que depende, a su vez, de la evolución de la materia prima y de la evolución de los peajes". Y subrayó que para acabar con el grave problema del déficit de tarifa hay que "bajar los costes del sistema o subir los ingresos"; o bien, "simultáneamente bajar los costes y subir los ingresos".

Apoyo con truco

El apoyo que el Gobierno ha dado a Repsol antes y después de la expropiación de YPF, tenía un envés: la aplicación del céntimo verde que la petrolera ha rechazado siempre. La medida de apoyo más llamativa es la supuesta protección ante una opa, que se aprobó ayer en el Congreso.