"La justicia necesita más medios y no subir tasas"
Cree que la nueva Ley de Acceso aporta cualificación, aunque se opone a que exima a los licenciados del máster
David Díez lidera al colectivo de letrados jóvenes españoles que se dan cita este fin de semana en Granada en el XVII congreso estatal para abordar los cambios en la justicia.
¿Qué opinión tiene sobre que la Ley de Acceso excluya a los licenciados de hacer el máster?
Es un poco contradictorio con lo hecho hasta ahora. En último momento, por intereses desconocidos, la línea de trabajo que se había llevado para lograr el acceso a través de un máster se está acortando. Esto va en perjuicio de la profesión. Había evolucionado mucho con lo que se había planteado en relación a las escuelas de práctica jurídica y los máster, pero con la enmienda del PP se limita muchísimo el trabajo realizado y estamos en contra.
"Excepto en algunas universidades, la formación en España es mediocre"
¿A qué se oponen?
Nuestro planteamiento hasta ahora era la existencia de un máster obligatorio con un examen. Con la enmienda se limita muchísimo la obligación del máster, con lo que pierde sentido todo lo que se ha hecho hasta ahora.
¿Qué aporta esta ley?
La cualificación, algo de lo que hemos carecido hasta ahora. No nos engañemos, quitando determinados centros educativos universitarios, con calidad alta, el resto imparte una formación mediocre tirando a mala, y nula desde la perspectiva práctica. Pero queremos volver a la situación anterior a la enmienda del PP.
¿Cómo valora la situación de la justicia gratuita?
Es un problema que sigue sin solución. El ministro ha planteado equiparar las condiciones de todos los letrados en España y buscar un baremo intermedio. Para eso, lo primero que hay que hacer es pagar las remuneraciones en tiempo y forma. Para los jóvenes abogados, el turno de oficio es una opción importantísima pero se encuentran con que tardan un año como mínimo en cobrar su trabajo. Es poco halagüeño y se está jugando mucho con la profesión. El usuario está conforme con el servicio, pero las administraciones no pagan.
Justicia afirma que hay una bolsa de fraude.
No lo conozco y me parece una acusación muy grave. Realmente cuando el ministro hace ese comentario no sabemos si se refiere al beneficiario o al profesional. Del abogado, me extraña porque tenemos un control exhaustivo por los colegios. Por los usuarios, puede ser que su patrimonio sea superior al que alega para acogerse al servicio.
¿Son necesarios cambios en el turno de oficio?
Sí, si son tendentes a dignificar el ejercicio por parte del abogado y controlar más si el solicitante es merecedor. Si estamos sufragando un servicio para un número de usuarios que no tienen derecho, ese dinero podría ser el que hace falta para abonar a los profesionales. Esto habría que controlarlo mucho más.
¿Qué opinión tiene de las nuevas tasas judiciales?
Estamos en contra porque hay procedimientos en los que se va a incrementar el coste en un 200% o 300% y es una auténtica salvajada. Si estamos hablando del derecho de defensa, no podemos permitir que se grave al particular o a la empresa que quiera acceder a la justicia. Si lo que queremos es limitar los procedimientos, hay que sacar los que están en curso y dotar a la justicia de muchos más medios. Pero no limitar el acceso al usuario de a pie porque se discrimina entre los que pueden permitírselo y los que no.
El Gobierno las justifica porque se litiga mucho.
Creo que no. Sucede que tenemos un atasco tremendo. La Nueva Oficina Judicial ha multiplicado los procedimientos. En lugar de simplificar, multiplicamos instancias y hacemos más largos y costosos los casos.
Rechazo a la invasión de competencias
David Díez asegura que la interconexión de los sistemas informáticos "es una necesidad desde hace mucho tiempo", ya que, a su juicio, no tiene sentido que haya seis u ocho procedimientos informáticos incompatibles. "Eso sí que es una necesidad, interconectar cada uno de los estamentos dentro de la administración de justicia. Evitaría muchísimo gasto y agilizaría los procedimientos. El problema viene con las comunidades con competencias no transferidas. Es una necesidad. Lo veo más a largo plazo que a medio, es una necesidad", recalca.Sobre las nuevas funciones a los procuradores en notificaciones y ejecución de sentencias, Díez es cauto. "Las nuevas funciones están muy bien siempre que no se invadan competencias de otros profesionales. Tienen que ser funciones propias del procurador, pero no del abogado o del secretario judicial. Si estamos quitando responsabilidades al secretario judicial y se las damos al procurador, estamos en un conflicto de competencias", dice.En relación a la implantación de la Nueva Oficina Judicial, es claro: "Es el mayor desastre judicial de la historia de España. Se debe a que no ha habido recursos, se ha hecho un gasto brutal en infraestructuras pero la falta de dotación de presupuesto informático hace que se haya convertido en algo absurdo. El efecto ha sido el contrario. Se ha conseguido dilatar en más de un año todos los procedimientos judiciales y, sobre todo, se han multiplicado instancias judiciales. Si no dotas de personas ni de servicios informáticos, es absurdo", asegura.En relación a la reducción del 50% de los partidos judiciales que propone el CGPJ, no ve clara esta medida. Díez cree que concentrar en menos edificios a los expedientes y los funcionarios ayudará poco a desatascar la justicia.