Más deuda pública y mayor gasto en intereses

El endeudamiento puede llegar al 90% del PIB, frente al 80% previsto, y exigir medidas adicionales de ajuste.

El Gobierno intentó hasta el último momento que la Unión Europea aceptara inyectar dinero a la banca directamente sin pasar por el Estado. Con ello, el Ejecutivo pretendía evitar que la ayuda comunitaria se computara como deuda pública y, por lo tanto, desbaratara las previsiones incluidas en el Programa de Estabilidad. El Gobierno no logró su objetivo y el rescate pasará por manos del FROB -un fondo dependiente del Ministerio de Economía- y de allí a las entidades que lo precisen.

Las previsiones del Gobierno remitidas a Bruselas contemplaban que la deuda pública llegaría este año al 79,8% del PIB (850.154 millones). Una cifra que, tras el acuerdo del sábado queda desfasada y que se incrementará en la misma cuantía de la ayuda financiera que reciba la banca. Si el volumen del rescate alcanzara -algo improbable- el tope de los 100.000 millones de euros, el endeudamiento público aumentaría de golpe hasta el nivel del 90% del PIB, un porcentaje que el Gobierno no se planteaba ni en el peor de los escenarios. De hecho, el Programa de Estabilidad 2012-2015 reflejaba que la deuda pública seguiría creciendo hasta alcanzar el 82,3% el próximo año, nivel a partir del cual descendería progresivamente con el fin de situarse por debajo del 60% en 2020. El rescate financiero obligará a modificar esas previsiones. Además, para compensar en parte el incremento del endeudamiento, es previsible que el Ejecutivo en los próximos años aborde ajustes más severos de los que tenía previstos para lograr una reducción más drástica del déficit público que, al fin y al cabo, se financia con deuda.

Por otra parte, el rescate también tendrá un efecto directo en el déficit y se recogerá en el capítulo tres del Presupuesto, que corresponde a los gastos financieros y es el único en que ni el Gobierno central ni las comunidades autónomas tienen capacidad para recortar. En la medida en que será el FROB, es decir, el Gobierno central, quien asumirá el préstamo del rescate, el pago de los intereses deberá hacerse a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado. La cuantía dependerá del volumen de la ayuda y de las condiciones e intereses que se pacten.

Captar dinero a mayor coste

El coste financiero vendrá determinado por el precio al que el fondo europeo capte esos recursos en los mercados de deuda, cifra a la que deberá sumarse un 0,5% en concepto de gastos operativos. Teniendo en cuenta las últimas emisiones, el tipo que se exigirá a España rondará el 4%. Sin embargo, los analistas alertan de que cada vez le cuesta más al fondo de rescate captar deuda y, por lo tanto, puede que el tipo sea mayor.

Es decir, el Gobierno central podría llegar a pagar en intereses hasta 4.000 millones anuales si las entidades reclamaran la ayuda por el importe máximo de 100.000 millones. En cualquier caso, parece más lógico pensar que la cifra será algo menor, de unos 60.000 millones, y el coste financiero sería entonces de 2.400 millones. El Gobierno había previsto que el conjunto de la Administración gastara unos 34.000 millones de euros en intereses este año y unos 35.800 millones el siguiente. El rescate obligará a elevar esas partidas, sobre todo en 2013. El mayor gasto financiero deberá compensarse con recortes adicionales en otros capítulos o con un incremento de los impuestos. Es cierto que parte del dinero que reciba el FROB puede prestarse a las entidades financieras, que deberán devolver esa ayuda con intereses mayores a los exigidos a España. Fuentes de Moncloa señalan que, bajo esa premisa, incluso el Estado podría ganar algo de dinero. Sin embargo, las entidades tendrán un plazo de carencia para devolver ese dinero, durante el cual, el Estado deberá seguir pagando intereses. Por otra parte, en casos como Bankia, no se producirá un préstamo sino una inyección directa de capital. Es decir, al final, los contribuyentes pagarán al menos una buena parte del coste del rescate.