Los ingresos propios autonómicos caen y el gasto en intereses se dispara un 28%
Las cifras de ejecución del primer trimestre muestran que la recaudación de tributos autonómicos como el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados cayó un 23% hasta marzo, a la par que los gastos financieros, el único capítulo sobre el que no hay posibilidades de ahorro, aumentaron un 28%.
El Gobierno informó la semana pasada de que las comunidades autónomas registraron un ligero superávit en el primer trimestre. Tres meses son un periodo demasiado corto para sacar conclusiones o para realizar proyecciones fiables acerca de lo que sucederá al cierre del año. Sin embargo, una mirada más sosegada a los datos autonómicos muestra un escenario inquietante. Así, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) -que grava la compraventa de viviendas de segunda mano- y de actos jurídicos documentados (AJD) -que se aplica sobre la constitución de un préstamo hipotecario- supuso 1.457 millones en el primer trimestre, un 23% menos que en el mismo periodo del año anterior.
El problema no es tanto el descenso de la recaudación, sino que los presupuestos de las comunidades para 2012 contemplan un aumento por ambos tributos, los más importante entre los de titularidad autonómica. Así, las previsiones apuntan que este año se recaudarán 7.520 millones por ITP y AJD, un 17% más que lo ingresado el año anterior. El fallo en la estimación de los ingresos es la principal causa que explica que la Administración pública en España haya registrado en los últimos ejercicios unos números rojos muy por encima de la media europea.
En cualquier caso, resultaría especialmente grave que las comunidades erraran en sus previsiones por cuarto año consecutivo, cuando los efectos de la crisis, y en especial del sector inmobiliario, son patentes y a nadie pueden sorprender. Y, sin embargo, parece que será así. Si se observa el cuadro general de ejecución presupuestaria, las arcas autonómicas ingresaron hasta marzo 32.517 millones, un 10% más que en el mismo periodo del año anterior. Ello se explica por el adelanto de transferencias del Estado, ya que en la mayoría de impuestos se registró una caída. Con todo, a diferencia de otros ejercicios, los datos revelan que las comunidades están realizando un esfuerzo significativo para reducir el gasto público.
Dudas en el cumplimiento del déficit
En el primer trimestre, las regiones desembolsaron 31.722 millones, un 8,13% menos. Solo hay un capítulo en el que el ajuste ni se produce ni se producirá, al menos, a medio plazo: los gastos financieros. Las comunidades destinaron a intereses de la deuda 1.193 millones hasta marzo, un 28% más que en igual periodo del año anterior. De hecho, los gastos financieros del primer trimestre casi superan a los registrados en un año completo antes del advenimiento de la actual crisis económica.
Los intereses de la deuda suponen un fuerte lastre para las comunidades y obligan a realizar mayores ajustes del gasto para compensar los aumentos exponenciales de esta partida, que en 2014, según las previsiones incluidas en los planes económico-financieros, alcanzarán los 9.163 millones. Se trata de una cifra que en 2006 parecía de ciencia ficción.
En cualquier caso, el Ministerio de Hacienda defiende que las comunidades se han comprometido de forma contundente con la reducción del déficit público. Sin embargo, una cosa es comprometerse con el objetivo de estabilidad y otra muy distinta es cumplirlo. Las comunidades registraron en 2011 un déficit del 3,3% del PIB, un importe que deben reducir al 1,5% este año y al 0,5% el próximo. En números absolutos, ello supone recortar 18.874 millones este año y otros 10.700 millones el siguiente. ¿Es factible? Los analistas opinan que no y la experiencia reciente apunta en el mismo sentido.
Por este motivo, todas las comunidades esperan que finalmente la Comisión Europea aplace un año, hasta finales de 2014, la obligación del conjunto de la Administración pública de registrar un déficit del 3% del PIB. En caso contrario, los riesgos de incumplimiento autonómico cotizarán al alza.
A la espera de los hispabonos
Todo apunta que el próximo Consejo de Ministros aprobará un mecanismo de ayuda para mejorar el acceso a la financiación de las regiones, los hasta ahora conocidos como hispabonos. Si bien falta perfilar el plan, las comunidades reclaman con insistencia poner en marcha este sistema, es decir, emisiones de deuda autonómica con el membrete del Estado. Ello permitiría reducir los costes de financiación, ya que los inversores confían más en el Tesoro español que en los respectivos Ejecutivos autonómicos.En cualquier caso, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya mostró su negativa a que se diluyeran los riesgos entre las comunidades cumplidoras y aquellas con mayores números rojos.En lugar de los hispabonos, Hacienda defiende que el Estado avale directamente a las comunidades a cambio de ajustes adicionales y un mayor control sobre las cuentas autonómicas. Esta es la vía que probablemente se aprobará en el Consejo de Ministros para que las comunidades dejen de tener las puertas del crédito cerradas a cal y canto o deban pagar intereses prohibitivos.