¿En qué país de la UE es más complicado presentar la declaración de la renta? ¿Dónde se castiga fiscalmente a los trabajadores y, en particular, a las parejas en que trabajan los dos cónyuges? ¿Qué sistemas impositivos no toman en cuenta el impacto medioambiental? Las respuestas, en una radiografía realizada por Algirdas Semeta, comisario europeo de Fiscalidad, que descubre los infiernos fiscales del Viejo Continente... y se calla sobre su principal paraíso.
El repaso (presentado el pasado miércoles como parte de la evaluación de los programas de reformas presentados por cada país) permite concluir, según la CE, que la evasión fiscal de ciudadanos y empresas en Europa asciende cada año a un billón de euros, o sea, el equivalente del Producto Interior Bruto de España.
Bruselas, por supuesto, lamenta ese escaqueo. Pero su análisis muestra que, en la mayoría de los países, el sistema impositivo dista de repartir bien las cargas fiscales entre la sociedad o de facilitar la declaración de los contribuyentes.
La República Checa y Bulgaria, por ejemplo, son los dos países donde más se tarda en rellenar los formularios de sus respectivas haciendas. Quizá por eso, entre otros factores, la economía sumergida ascienda, según la CE, al 33% del PIB.
Los socios veteranos, como Francia o Bélgica, disponen de una administración más eficiente. Pero la CE crítica a esos dos países por la "distorsión" de sus sistemas impositivos que gravan con dureza el trabajo (en el caso francés) y se basan sobre todo en los impuestos directos (el sistema belga). Pero Italia es el gran infierno fiscal de los trabajadores, según el ranking de la CE.
Otra economía madura, la de Alemania, castiga fiscalmente a los salarios más bajos y desincentiva que una pareja reciba dos salarios, lo que explica la baja tasa de trabajo femenino en el país de Angela Merkel. Berlín, según la CE, también debería reformar su Impuesto sobre valor añadido (IVA) porque está plagado de excepciones y tipos reducidos.
Chipre, que atraviesa serias dificultades presupuestarias en estos momentos, se lleva la palma por su ineficiencia: es el que más gasta (en términos proporcionales) en un sistema de recaudación de pobres resultados.
¿Y España? Pues según el departamento de Semeta es el último de los 27 socios por volumen de recaudación de impuestos medioambientales. Y el décimo en cuanto a la adecuación de su sistema fiscal para favorecer el crecimiento. Bruselas pide al Gobierno que cambie el balance entre la carga fiscal del trabajo y la del consumo y el impacto ecológico: o sea, menos IRPF, más IVA y que quien contamine, pague.
Pero ya se sabe que en los chequeos solo se encuentra lo que se busca. Y en este, curiosamente, no se dice nada de los oasis fiscales que el sector financiero disfruta dentro de la zona euro.
A Luxemburgo, por ejemplo, solo se le critica porque su sistema fiscal no parece que permitirá al país cumplir los objetivos de reducción de emisiones para 2020. ¡Gran preocupación para el planeta, dado que el país tiene 400.000 habitantes!
En cambio, no se menciona el tratamiento fiscal de su sector financiero, que ha convertido al Gran Ducado en el paraíso de banca, aseguradoras y fondos de inversión. Parece que eso no inquieta en Bruselas, aunque el peso del sector financiero de Luxemburgo equivalga al 2.536% del PIB del país. Una proporción muy superior a la de Islandia o Irlanda, dos países que también jugaron a ser centros financieros... hasta que se hundieron. A veces los paraísos acaban en infierno.
