Bruselas condiciona el año de tregua para cumplir el objetivo de déficit
La Comisión Europea se mostró ayer dispuesta a conceder a España un año más de plazo, hasta 2014, para situar su déficit público por debajo del 3% del PIB. Pero solo si el Gobierno concreta ya los recortes para 2013 y 2014 y demuestra en Bruselas que tiene bajo control el gasto autonómico. Duras condiciones.
Dispondrá España de más tiempo para cumplir su objetivo de déficit, un plazo que expira a finales de 2013? La pregunta, una de las más repetidas en Madrid y Bruselas durante los últimos meses, se quedó ayer sin respuesta definitiva tras escuchar el sí, pero del comisario europeo de Economía, Olli Rehn.
El finlandés se mostró dispuesto a conceder una tregua de un año, que prolongaría el plazo hasta finales de 2014, pero solo si el Gobierno de Mariano Rajoy consigue demostrar que la desviación registrada en 2011 (del 6% al 8,9%) es una cosa del pasado.
Rehn pide como prueba "un plan presupuestario plurianual que cubra el periodo 2013-2014" y que cumpla el ajuste del déficit estructural de más de un punto y medio porcentual al año como media durante 2010-2013.
El comisario no se conforma con el reciente Programa de Estabilidad, el primero presentado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, porque se basa en unas previsiones sobre la evolución económica que "podrían acabar siendo peores de lo esperado" y porque "no se concretan de manera suficiente las medidas de ajuste a partir de 2013".
Bruselas se muestra, además, especialmente preocupada por el control del gasto de las comunidades autónomas, "dada su penoso historial reciente", y pide al Gobierno central que "aplique de manera estricta las nuevas disposiciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria". La Comisión exige también el establecimiento de un órgano independiente del Gobierno que supervise la evolución presupuestaria y el impacto en el gasto de las nuevas leyes.
Si se cumplen todas esas condiciones antes de mediados de julio, el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin), a propuesta de la Comisión, podría prolongar por segunda vez el calendario de ajuste del déficit español.
A finales de 2009, el Ecofin ya concedió al Gobierno de Rodríguez Zapatero una prórroga, de 2012 a 2013, tras constatar el gravísimo deterioro de los datos de crecimiento. La segunda prórroga parece ahora justificada por la creciente disparidad en el punto de partida del déficit de 2011, la tasa de paro superior al 25% y el deterioro de las previsiones económicas. Otros países, como Francia o Italia, no merecen, de momento, tanta benevolencia y Bruselas continúa exigiéndoles que sitúen el déficit por debajo del 3% antes de finales del año que viene, una meta que el nuevo Gobierno de François Hollande considera bastante inalcanzable.
Más IVA
Pero también España tiene otras tareas pendientes, según la CE. En primer lugar, retrasar la edad de jubilación cuanto antes. En segundo lugar, "aumentar la base imponible del impuesto sobre el valor añadido (IVA), lo que augura la supresión de excepciones y tasas reducidas que disfrutan algunos productos o servicios. Y en tercer lugar, reformar las condiciones de acceso a los subsidios de desempleo para fomentar la incorporación de los parados al mercado de trabajo.
La fusión de la CNC, la CMT y la CNE, en el aire
La crisis ha propiciado una profundización del control comunitario sobre las economías nacionales y empieza a notarse en el nivel de detalle que alcanzan ejercicios como el de ayer. La revisión de los programas de estabilidad y de reformas nacionales realizada por la Comisión Europea plantea objeciones tan detalladas que en el caso de España ponen en peligro incluso la anunciada fusión de los órganos de regulación sectorial y de supervisión de la competencia. "El proyecto de ley que crea la CNMC Comisión Nacional de Mercados y Competencia no garantiza que ese órgano llevará a cabo su actividad reguladora de manera eficiente e independiente", advierte el documento aprobado ayer por la Comisión Europea y que servirá de base sobre un futuro pronunciamiento sobre España por parte del Ecofin (Consejo de Ministros de Economía y Finanzas).El veredicto de Bruselas puede obligar al Gobierno a renunciar o replantear la anunciada fusión de siete supervisores (energía, telecomunicaciones, correos, audiovisual, ferrocarril, transporte aéreo y juegos) con la CNC (Comisión Nacional de Competencia). La propuesta ya contaba con el rechazo de todo el arco parlamentario salvo el Partido Popular y los grupos de la oposición preparan una queja al respecto ante la Comisión Europea.No es el único tema de competencia que planteó ayer ese organismo comunitario. La CE también lamenta que España no haya adoptado todavía medidas para liberalizar las "profesiones muy reguladas", entre las que Bruselas apunta a los notarios y los registradores de la propiedad. Además, Bruselas exige que se simplifiquen los trámites para la apertura de negocios en general.
Las pegas
Objeciones al programa españoll IRPF: la CE lamenta la subida de impuestos directos porque penalizan la fiscalidad del trabajo.l Salarios: la Comisión cree que deberían abolirse las cláusulas de revisión automática.l Laboral: la reforma del mercado laboral, según la Rehn, puede precarizar peligrosamente la mano de obra.l Pensiones: un paso "significativo y en la buena dirección", pero España deberá dar más.