El PSOE busca apoyo parlamentario contra la reforma de los reguladores
La fusión de la CNE y la CMT con Competencia decidida por el Gobierno vulnera el Derecho comunitario y no es la tendencia del resto de Europa. Así lo recoge una carta que el PSOE y otros grupos políticos están consensuando para remitir a la CE. Esta evalúa mañana el plan nacional de reformas de España, que incluye la de los citados reguladores.
El Grupo Socialista en el Congreso ha elaborado un escrito para remitir al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, contra la reforma de los reguladores sectoriales aprobada por el Gobierno de Rajoy y que supone la fusión, entre otros, de la Comisión de la Energía (CNE); la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) en un único organismo, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). En el caso de los reguladores de la energía y las telecos se limitarán a supervisar y se quedan sin sus funciones regulatorias, que asume Industria. Por su parte, la CNC se queda sin su labor de investigación, que pasará, como antiguamente, a Economía.
De momento, se trata de un anteproyecto de ley que debe tramitarse en el Parlamento, proceso que los socialistas, con el apoyo, de CiU y el PNV, quieren aprovechar para modificarlo. Un primer paso es el envío de una queja a la CE aprovechando que precisamente mañana evalúa el Plan Nacional de Reformas elaborado por el Gobierno, que incluye un capítulo sobre los reguladores. Bruselas podría dar un primer toque a España antes de tratar dichas reformas en el Ecofin.
La oposición asegura en su escrito que la fusión de los reguladores se basa en una afirmación "que no responde a la realidad". Esto es, que la tendencia en Europa es la de unificar los reguladores sectoriales con los organismos de competencia. El escrito desmonta esta tesis, al tiempo que critica el breve periodo transitorio, de apenas tres meses, que establece la norma y que supondrá el relevo de todos los consejeros de estos organismos. En el caso de la CNE, que se renovó el pasado verano, el PP se negó a participar y advirtió que, de llegar al poder, eliminaría este órgano.
"Tantas y tan variadas competencias" para un solo organismo, "puede redundar en la pérdida de eficacia" o "el incumplimiento de las mismas", señala la carta. Y recuerda que los consejos de los propios reguladores fueron críticos con la reforma por sus "imprecisiones, lagunas y posibles contradicciones con el Derecho comunitario". Además, paradójicamente, las últimas directivas sobre energía, traspuestas por el Gobierno este año, refuerzan al regulador energéticos (casi duplica sus funciones) y otras disposiciones, a la CMT.
Denuncia a Hungría
Tras un amplio análisis, la carta señala que el modelo anglosajón (con organismos separados) es el que impera en la mayoría de los países, como España, y ha demostrado "ser el más eficaz". Hay otro modelo, el de un regulador sectorial de energía y telecos, y una autoridad de la Competencia, que se aplica en Alemania y dos países pequeños (Luxemburgo y Letonia). Sin embargo, el alemán, donde existe una Agencia de redes federal, es el resultado de un proceso "ordenado de crecimiento" que se inició en 1998. Es el regulador sectorial más fuerte de Europa, con 2.300 empleados públicos, varias sedes en todo el país y total autonomía de gestión.
El modelo que de verdad ha copiado el Gobierno español en su anteproyecto son el de Estonia y, parcialmente, el holandés, cuyos organismos llevan dos años en proceso de integración que, además, no será completa, pues alguno, como el regulador sanitario, tendrá su propia estructura.
El PSOE y los nacionalistas vascos y catalanes consideran que no es legal el incumplimiento de los mandatos de los reguladores afectados (que dura cinco años) y ponen como ejemplo el caso de Hungría, que relevó al Comisionado para la Protección de Datos antes de que acabara su mandato, lo que dio lugar a que en enero, la CE iniciara un procedimiento de infracción contra ese país ante el Tribunal de Luxemburgo al entender que la nueva norma pone en peligro la independencia de dicha autoridad y vulnera el derecho comunitario. Tal es el caso de España, según el PSOE.
Para un año
El retraso en la tramitación parlamentaria del anteproyecto de ley de fusión de los reguladores y la Comisión de Competencia puede alargar el proceso hasta el año que viene.
Por el momento, el texto legal no ha pasado el trámite del Consejo de Estado, que debe dictaminar sobre su legalidad.
Dadas las fechas, el trámite parlamentario, donde el Gobierno se va a encontrar con un fuerte rechazo, no se iniciará hasta después del verano. Y aunque el PP tiene mayoría, no se descarta algún tipo de transacción.
Además, la propia norma establece un periodo transitorio de tres meses, que podría alargarse, entre la desaparición de los actuales organismos y la creación de la nueva CNMC.
Bruselas pide respeto al Derecho comunitario
A la pregunta parlamentaria planteada el 21 de marzo por la diputada vasca de los liberales de Alde (PNV) Izaskun Bilbao respecto a la opinión de la Comisión Europea sobre la reforma de los reguladores españoles que el Gobierno ha puesto en marcha, el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, respondió que Bruselas conocía bien dicha reforma y que, aunque los Estados miembros tienen "un alto grado de autonomía a la hora de organizar sus órganos reguladores sectoriales CNE y CMT, principalmente y el de la competencia CNC", deben siempre cumplir "todos los requisitos impuestos por el Derecho comunitario" (el artículo 35 del Reglamento de la Unión) y de distintas directivas.Además, el nuevo órgano, en el caso de España, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) debe contar "con un marco institucional adecuado y recursos suficientes para garantizar el ejercicio independiente y eficaz de sus funciones reguladoras y de supervisión".Se trata de una respuesta ambigua y tibia publicada el pasado 16 de mayo, si bien, Joaquín Almunia ha hecho algunas declaraciones a los medios de comunicación mucho más críticas.Otro alto cargo comunitario arremetió recientemente contra la medida del Gobierno de Mariano Rajoy, que más que una fusión de los organismos ha planteado "una fundición", en el sentido de que pretende es hacerlos desaparecer y nombrar él mismo al nuevo consejo.El argumento de los críticos de Bruselas es que la liberalización de los mercados a la que se tienden cada vez más requiere en paralelo organismos reguladores fuertes e independientes.