El Gobierno prepara un plan B para el pago de pensiones y el desempleo
El Consejo de Ministros habilitó el viernes una "licencia" para que el Fondo de Prevención y Rehabilitación, que reúne 4.600 millones de excedentes de las mutuas de accidentes de trabajo, pueda convertirse todo en liquidez para costear los desvíos del gasto en prestaciones por desempleo y el pago de pensiones.
En momentos de crisis extrema como la actual, el Gobierno mira a fondo todos los cajones de las cuentas públicas para conseguir dinero extra. Y lo ha encontrado en el Fondo de Prevención y Rehabilitación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Este fondo cuenta con 4.646 millones de euros de excedentes de estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social, de los que 2.800 millones están invertidos en deuda pública. Ahora, según los planes del Ministerio de Empleo, podrán usarse como una bolsa de liquidez para abonar el mayor coste de las prestaciones por desempleo y los picos de gasto del pago de pensiones (la extra de junio y la actualización del IPC a fin de año). También podrá emplearse para cubrir el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), también en números rojos.
Los expertos calculan que el desvío del gasto en protección por desempleo podría ser similar al de 2011 (unos 5.000 millones), por lo que gran parte podría emplearse en ello.
Para convertir en liquidez este fondo "superexcedentario" -en palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría-, el Consejo de Ministros del viernes autorizó una "licencia" destinada a que, cuando sea necesario su utilización, pueda reformarse la Ley General de Seguridad Social (el paso legal exigido para ello).
Así, lo que hizo el viernes el Ejecutivo fue dar su visto bueno a una futura y eventual orden de desinversión que permita a la Tesorería General de la Seguridad Social la enajenación de activos en deuda pública. El siguiente paso será que los técnicos del Ministerio de Empleo estudien la forma de hacer esta operación, ya que dado su volumen, deberá hacerse solo cuando sea necesaria la liquidez y de forma progresiva, para no desestabilizar el mercado de deuda. La decisión de los responsables de Empleo de habilitar este fondo para su uso se debe -además de la necesidad de liquidez para los citados desvíos de gasto-, a su infrautilización actual para el fin para el que estaba pensado. Así, en 2011 solo se destinaron 70 millones a la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales que lo gestiona y en la que están presentes la Administración, la patronal y los sindicatos. Esta dotación se mantendrá este año.
La cifra
2.800 es la cantidad del Fondo de Prevención de las Mutuas que ahora está invertida en deuda pública y que el Gobierno ha autorizado a desinvertir.
Báñez limita la indemnización de los directivos autonómicos
El nuevo texto de la reforma laboral aprobado el jueves en el Congreso de los Diputados incluye una enmienda de UPyD que amplía la limitación de las indemnizaciones por despido de los directivos de las empresas públicas estatales también a las autonómicas y locales.De esta forma, dicha indemnización, que quedó inicialmente topada en un máximo de siete días por año de servicio de la retribución anual en metálico con un máximo de seis mensualidades, será también aplicable a los responsables de las 4.400 empresas públicas de las comunidades y a las alrededor de 2.000 compañías locales. Algunos despachos de abogados habían llamado la atención sobre esta diferenciación que excluía de este recorte a los directivos autonómicos y locales y el Gobierno lo ha solventado con esta enmienda.