CaixaBank acelera la integración de Cívica y ofrece homologar los salarios en cinco años
CaixaBank busca que el proceso de integración de Banca Cívica culmine en el menor breve plazo posible. Las cajas que conforman el grupo absorbido por la entidad catalana tienen previstas sus asambleas generales para la próxima semana y aunque se prevé que la operación cuente con su respaldo mayoritario, la intención es que la mayoría de los cabos queden atados antes de eso. CaixaBank busca un acuerdo de integración laboral entre ambas plantillas para este viernes.
La oferta que se ha remitido desde Barcelona toma como referencia el modelo aplicado tras la adquisición de Caixa Girona, en el que el personal de esta entidad se adaptó progresivamente a las condiciones de la matriz. En el caso de Cívica, CaixaBank ha ofrecido homologar las tablas salariales en un periodo de 60 meses. La medida, según cálculos sindicales, supondría un incremento salarial del orden de entre el 10% y el 15% para los empleados de Cívica. Una propuesta que parece contar con el visto bueno de la representación sindical, que apunta, sin embargo, a algunos flecos abiertos en cuanto a equiparación de complementos y horarios que quedarían pendientes antes de cerrar el pacto.
El reto pendiente, por el momento, radica en el ajuste laboral previo que CaixaBank reclama que se lleve a cabo en Cívica antes de la integración. El grupo de cajas que lideran Cajasol y Caja Navarra tienen prevista la salida de 1.480 trabajadores (de un total de 7.800), de los que unos 900 se irían por la vía de las prejubilaciones y el resto mediante bajas incentivadas. Una negociación que también se esperaba cerrar antes de la próxima semana pero que continúa enquistada, entre otros asuntos por la intención de la empresa de aprobar un ERE de suspensión de empleo de dos años, en el que el Estado pagaría el desempleo a los afectados.
Una vez concluyan estos dos pasos y se inicie la integración, el solapamiento de oficinas (5.196 de CaixaBank y 1.394 de Cívica) hace previsible un nuevo ajuste, que podría afectar a parte de la plantilla de la entidad catalana (28.500 personas).