El nuevo objetivo de Argentina: la mayor distribuidora de gas
El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no ha quedado satisfecha tras la expropiación de YPF, según los medios locales. El siguiente objetivo puede ser la nacionalización de Metrogas, una empresa deficitaria controlada por una sociedad entre British Gas e YPF.
Los rumores de nuevas nacionalizaciones en Argentina se ceban con la mayor distribuidora distribuidora de gas del país, Metrogas, controlada por Gas Argentino S.A. Esta es una sociedad que comparten YPF (ahora ya en manos del Gobierno) y la británica British Gas (BG).
Con la expropiación de la antigua filial de Repsol, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se ha convertido en el principal accionista de una gasista que cuenta con una cartera de 2,2 millones de clientes. No en vano, YPF cuenta con un 45,33% de participación en Gas Argentino, que administra el 70% de las acciones. Otro 20% cotiza en Bolsa y un 10% está en manos del personal de la compañía.
La empresa fue intervenida por el Estado al entrar en default en 2010, pero hasta el momento el Gobierno no ha tenido poder de decisión, según ha señalado el periódico porteño El Cronista, que menciona el avance hacia una posible nacionalización de la distribuidora. Según el periódico "la decisión germina al interior de los Ministerios de Planificación, a cargo de Julio de Vido, y de Economía (el viceministro Axel Kicillof es uno de los principales promotores de la idea)".
La empresa presenta un pasivo de 261 millones de dólares (203,4 millones de euros) y el problema que también afrontan las compañías eléctricas por el congelamiento de las tarifas y el incremento de los costos.
La prensa argentina señala que el Gobierno no pretende dejar quebrar a la mayor distribuidora de gas del país, que ya sufre actualmente una baja capitalzación. Más bien, sería cuestión de desvincular a la empresa inglesa del proyecto, con la que el Estado ha mantenido tradicionalmente una mala relación. British Gas denunció al país sudamericano ante el Ciadi -y obtuvo un fallo favorable- por incumplimiento del tratado de Inversión Bilateral para la Promoción de Inversiones, firmado en 1990 entre la Argentina y el Reino Unido.