Las ayudas públicas llegarán en forma de acciones o bonos convertibles al 10% de interés
Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad
Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad

La banca tendrá que provisionar 28.000 millones más por el ladrillo sano

El Gobierno ha decidido que un drástico saneamiento del ladrillo sano es la mejor manera de calmar las dudas sobre la banca española y meter en vereda a las entidades. La provisión llegará hasta el 52% en el caso del suelo y en total supondrá 28.000 millones de colchón extra. Si algún banco no llega, habrá ayudas públicas en forma de acciones o bonos convertibles con un interés del 10%.

El Gobierno ha aprobado la segunda reforma financiera en tres meses y en esta nueva vuelta de tuerca la clave está en las provisiones para el ladrillo sano. El objetivo es espantar de una vez el fantasma de la morosidad oculta en los balances bancarios y para ello el Ministerio de Economía ha optado por un saneamiento de máximos, hasta el punto de que las provisiones pueden llegar al 52% para activos que, en teoría, deberían estar limpios de polvo y paja. "El nuevo real decreto ley lo que hace es actuar con contundencia, con decisión, sobre lo activos no problemáticos del sector promotor y constructor", ha señalado el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Lo que hacemos es anticipar el saneamiento, disipando cualquier duda sobre la banca", ha remarcado.

Que se consiga ese deseo está por ver: dependerá de que se lo crean los mercados, pero para llegar a la meta la peor parte se la lleva el suelo. Hasta ahora, bastaba con una provisión genérica del 7% para este crédito, pero la reforma aplica un incremento del 45% a este porcentaje y lleva al total al 52%. La promoción en curso pasa también de ese 7% a un 29% de cobertura (se incrementa un 22%), mientras que la vivienda terminada se duplica y pasa al 14%. Los préstamos con sin garantía real también sufren un drástico incremento: deben provisionarse ahora al 52%.

En estos momentos, se calcula que hay unos 123.000 millones en crédito promotor y activos inmobiliarios supuestamente no problemáticos. Según los cálculos del ministro, las provisiones sobre estos préstamos aumentan de media del 7% al 30% y eso implica un incremento de los saneamientos de 28.000 millones, que se suman a los 10.000 millones que ya se han provisionado para esta partida bajo la primera reforma de febrero.

Los bancos tendrán que afrontar este esfuerzo en solitario antes de final de año y cuentan con solo un mes (hasta el 11 de junio) para presentar sus planes al Banco de España. En caso de que alguna entidad decida fusionarse para llegar de mejor modo a la nueva exigencia, tendrá de gracia hasta el 30 de junio. Pero a nadie se le oculta que estas provisiones pueden dejar a varias entidades financieras en pérdidas o con una merma de capital que imposibilite cumplir la regulación (esa que exige un 8% de capital para los bancos cotizados y un 10% para las cajas) y que financiarse en los mercados en estos momentos resulta, cuando menos, complicado.

El Gobierno lo sabe y ha elaborado todo un discurso para quitar hierro a las ayudas públicas que necesitará la banca. De hecho, Guindos ha defendido que no se aportará dinero público a la banca, aunque esta afirmación solo se basa en su convencimiento de que los fondos serán devueltos.

Y es que el Ejecutivo ha establecido un esquema de ayudas públicas que se habilitará a través de acciones o de bonos convertibles contingentes (los famosos cocos, según su denominación en el argot financiero). De las acciones nada ha dicho Guindos, pero sobre los cocos se ha explayado más: "Este tipo de inyección de fondos no supone ningún tipo de ayuda pública a las entidades porque estos instrumentos demandarán a los bancos un tipo de interés muy superior al de mercado", ha señalado. El interés será del 10%, "el doble de lo que paga ahora el Tesoro", añadió. Además, tendrán que devolverse en un plazo que estará en el entorno de los cinco años, siempre que no ocurra uno de los supuestos en los que los cocos se convierten en acciones.

La cuenta del Gobierno está clara: en un lustro todo el dinero habrá vuelto a la caja y en el proceso habrá generado unos intereses bastante generosos. Lo que no ha dicho Guindos es qué pasará si algún banco no puede devolver el dinero ni cómo se instrumentará la ayuda en forma de acciones. En ambos casos, eso implica una nacionalización, tal y como ha sucedido con Bankia, por poner solo el último ejemplo. "Lo que se está haciendo es establecer una especie de red de seguridad, pero estamos convencidos de que al final del tiempo será rentable para el Estado y los contribuyentes", ha confiado Guindos. Se espera que la inyección estatal no supere los 15.000 millones.

Con esta segunda reforma financiera en tres meses, el Gobierno quiere poner fin al miedo que hay en Europa y en las instituciones internacionales a que la toxicidad de la banca en España sea muy superior a lo que se ha dicho. "Sin absoluta certidumbre sobre la solvencia del sector bancario, la recuperación económica se hace mucho más difícil", ha argumentado Guindos. La primera reforma, la de febrero, se centró en el ladrillo malo y se exigieron unas provisiones de 54.000 millones. Pero el resultado ha sido nulo por dos factores: parte de la limpieza se quedó en un mero reajuste contable y las dudas sobre la salud del resto de los créditos se disparó.

Con una economía en recesión, una previsión de contracción del PIB del 1,7% para este año y un paro galopante, el campo está abonado para la incertidumbre. El temor es que la crisis haya transformado ladrillo sano en enfermo y que las propias entidades estén renegociando créditos para dejarlos en la parte saludable del balance cuando ya deberían estar en la enfermería.

De ahí que esta segunda reforma financiera se haya centrado en los préstamos teóricamente al día, en los que no hay ningún retraso en el pago ni de intereses ni de capital. Al final, con las dos reformas se alcanzará una cobertura del 45% sobre los casi 310.000 millones de euros en activos inmobiliarios ligados al crédito promotor tanto sano como enfermo. El objetivo es disipar los miedos y conseguir que el crédito vuelva a fluir, aunque quizá las nuevas provisiones a aplicar lo hagan un poco más complicado en determinados ámbitos.