EDITORIAL

Una reforma financiera que no puede esperar

En una comparecencia exenta de sorpresas -se han mantenido los tipos y se ha omitido cuidadosamente cualquier pista sobre la posibilidad de autorizar próximamente una nueva inyección de liquidez al sistema financiero-, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, mostraba ayer desde Barcelona su convencimiento de que los ajustes presupuestarios y las reformas estructurales siguen siendo, hoy por hoy, el camino correcto para relajar la presión de los mercados sobre la deuda soberana en la eurozona. En pleno debate sobre el binomio austeridad-crecimiento, el mensaje de Draghi no ha servido para arrojar mucha luz al respecto, fuera de sostener la obviedad de que ambas opciones son necesarias y que no resultan excluyentes. Pese a todo, no se puede decir que el presidente del Banco Central Europeo no haya tomado partido. El italiano ha vuelto a insistir en la necesidad de avanzar hacia una Europa fiscalmente saneada, aunque ha reiterado también que es necesario acelerar el proceso. Una carrera de fondo en la que nadie se ha ganado todavía el derecho a descansar, pese a los progresos realizados hasta el momento por parte de unos y otros. Draghi mostró su confianza en las medidas adoptadas por España, así como su convencimiento de que, tarde o temprano, conseguirán aplacar el persistente acoso sobre la deuda española.

Pese al espaldarazo del BCE, la realidad sigue siendo áspera. El tiempo pasa y el perseguido relajamiento de la presión sobre la prima riesgo no llega, lo que induce a pensar que el flanco de la desconfianza de los mercados financieros no está tanto en el conjunto de unas reformas estructurales y unos recortes de gasto puestos en marcha en un tiempo récord, como en la asignatura pendiente de un sistema financiero cuyo saneamiento no termina de cuajar.

No dudo de que la reforma bancaria será rápida y transparente", señaló ayer el presidente del BCE desde la capital catalana. El problema es que los mercados internacionales sí dudan. Y mientras esa duda persista, España continuará cargando con el peso de una financiación a coste insoportable y de una desconfianza que amenaza peligrosamente con hacerse crónica. En medio de ese escenario, la prioridad del Gobierno debe ser hacer cumplir a rajatabla la agenda de reordenación del sector bancario y poner en marcha un modelo claro y definitivo de saneamiento del sistema financiero. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado que en "los próximos días y semanas" el Gobierno tiene previsto aprobar la regulación de las sociedades que, a modo de bancos malos, se podrán usar para sacar del balance de las entidades el pesado lastre de los activos inmobiliarios tóxicos. Una solución que el Ejecutivo plantea como voluntaria y que, a día de hoy, parece la única fórmula viable para ayudar a digerir el ladrillo acumulado y provisionado por la banca y para reconstruir la imagen de solvencia del sector financiero español en los mercados.

Aunque resulta evidente que la banca debe ser la prioridad dentro del calendario de reformas, la lista de tareas pendientes que el Gobierno tiene por delante no está ni mucho menos concluida. Todo apunta a que el Ejecutivo popular está más que dispuesto a abrir la caja de los truenos que puede suponer abordar la racionalización y reestructuración de la estructura territorial del Estado. Una tarea que debe acometerse no solo como un modo de profundizar en el ajuste presupuestario, sino también como una condición imprescindible para agilizar y modernizar el funcionamiento de las Administraciones públicas.

Consciente de lo espinosa y delicada que resulta esta cuestión, Mariano Rajoy ha insistido en que no pretende "desandar" el Estado autonómico, pero sí "repensarlo". Se trata de un viejo debate de cuya importancia todo el mundo parece ser consciente, pero sobre el que nadie hasta el momento ha sido capaz de adoptar una postura efectiva. Las palabras de Mario Draghi pidiendo en Barcelona reformas más ambiciosas como modo de salir de la crisis tienen en esta campo un terreno claro de actuación. Está por ver si el Gobierno será capaz de llevarlo finalmente a cabo.