Red Eléctrica y el Gobierno quitan hierro a la expropiación
Red Eléctrica se ha puesto del lado del Gobierno y ha minimizado el impacto de la expropiación de su filial en Bolivia. "Supone alrededor de un 1,5% de la cifra de negocio", explica, en un comunicado a la CNMV.
Aquí no ha pasado nada. El Gobierno español ha reaccionado de una manera radicalmente distinta ante la expropiación de la filial de Red Eléctrica en Bolivia, Transportadora de Electricidad (TDE), a como lo hizo con la nacionalización de YPF, la participada de Repsol en Argentina. Pero también lo ha hecho la interesada.
En un comunicado a la CNMV remitido esta mañana, Red Eléctrica no solo se muestra conciliadora, sino que resta importancia a la decisión. "La aportación de TDE a la cifra de negocio del grupo se encuentra en el entorno del 1,5%", explica la comunicación. "Este hecho no tiene un efecto relevante en los negocios y la cuenta de resultados" de la compañía, añade.
Y eso pese a que la nacionalización ha sido una sorpresa tanto para el Gobierno de Mariano Rajoy como para Red Eléctrica. A diferencia del largo conflicto que enfrentó a la Argentina de Cristina Fernández de Kirchner con Repsol, la expropiación de TDE no ha tenido preámbulos. Simplemente, el presidente boliviano, Evo Morales, ha continuado con su política de recuperar la propiedad de las empresas que considera estratégicas y celebrar así el primero de mayo y esta vez le ha tocado a una compañía española y con capital estatal.
Pero también ha sido muy distinta la actitud del Gobierno boliviano en esta expropiación. Morales se ha mostrado dispuesto a pagar un precio justo y a reconocer las inversiones que Red Eléctrica, desde 2002, y Unión Fenosa, desde que compró TDE en 1997 y antes de vendérsela a la hoy expropiada, han realizado en la filial boliviana.
Las palabras, al menos, son más conciliadoras que las de Fernández de Kirchner en Argentina. La cifra de indemnización final, sin embargo, se desconoce: "Está pendiente la fijación del procedimiento por el que se llevará a cabo esta nacionalización y el modo en el que se fijará el precio de la participación que el Grupo Red Eléctrica mantenía en dicha compañía", señala la empresa española.
De todas formas, no todo son diferencias. Argentina utilizó como argumento la falta de inversiones de Repsol en YPF y lo mismo ha esgrimido Morales. "En 16 años, [Unión Fenosa y Red Eléctrica] apenas habían invertido 81 millones de dólares", explicó ayer el mandatario como justificación a su medida.
Claro que un punto importante para la diferencia de reacciones es que, efectivamente, el peso de TDE en la cuenta de resultados de Red Eléctrica es casi testimonial, mientras que YPF supone el 25% del beneficio de explotación de Repsol, más del 50% de su producción y por encima del 40% de sus reservas. Y también por sus perspectivas. TDE no deja de ser una empresa de transmisión de electricidad, con un negocio recurrente y previsible. YPF acababa de descubrir el ya famoso megayacimiento de Vaca Muerta...
También el Gobierno español ha sido consciente durante el conflicto con Argentina de que las amenazas y la escalada de tensión verbal han servido de poco en el resultado final, al igual que los intentos de sumar a las instituciones comunitarias e internacionales a su causa. Esta vez, se ha preferido asumir lo sucedido y poner el acento en lograr el mejor precio posible para Red Eléctrica. "No ha sido un ataque directo a España, como sí lo fue YPF", ha resumido el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano.
Sobre todo, el objetivo del Gobierno español es poner coto a la sensación de que cualquier empresa española en Latinoamérica puede ser nacionalizada porque el Ejecutivo no tiene capacidad para evitarlo. "No creemos que exista en absoluto una situación generalizada. Son situaciones independientes", han sido las palabras del ministro de Economía, Luis de Guindos, al referirse desde Bruselas a la expropiación, según han recogido varias agencias. Estas decisiones, ha añadido, "son negativas fundamentalmente para los países que las toman" y tienen "implicaciones a medio plazo" para ellas. Eso sí, ha reconocido que no es una decisión que haya gustado al Gobierno español.
