Las constructoras tienen un plan
Ante el parón de la obra pública, el sector se muestra dispuesto a buscar financiación privada, aunque ello implicaría la implantación o subida de tarifas
Desde que la crisis empezó a golpear a los grandes grupos españoles de construcción, concesiones y servicios en nuestro país, la salida buscada ha sido reforzar su expansión en los mercados internacionales: no solo en actividades de construcción pura y dura, con abultados contratos mes tras mes, sino también en concesiones de autopistas o aeropuertos, servicios urbanos, ciclos del agua o energías renovables, por citar unos ejemplos. "Nuestra cartera internacional no llegaba al 50% hace tres años y ahora está en el 77%. Y la previsión es que siga creciendo", explican desde Sacyr.
Esta estrategia ha sido tan fructífera que varios de estos grupos han logrado aminorar el parón en España con la facturación generada fuera. Y OHL incluso ha logrado crecer: pese a que sus ventas en España bajaron entre 2008 y 2011 de 1.947 a 1.443 millones de euros, su cifra en el exterior subió de 2.062 a 3.426 millones. Otras no han logrado compensar las pérdidas en España, pero sí exhiben impresionantes incrementos de la facturación internacional. Es el caso de Acciona entre 2009 y 2011, de FCC y también de Sacyr.
Pese a estos éxitos, el sector no las tiene todas consigo: quizá por la posibilidad de un menor crecimiento en Latinoamérica, la difícil salida de la crisis en Estados Unidos o las amenazas de recesión en Europa. Y dado que en España la caída de la obra pública y de los ingresos por concesiones y servicios están siendo tan acusados, el sector trata de buscar medios de invertir una situación que se deteriora a pasos agigantados. En cuatro años, entre 2007 y 2011, la licitación pública ha caído de 40.354 a 13.660 millones de euros, un 66%. Una situación que ha llevado a que la mayor parte de las grandes constructoras españolas hayan registrado verdaderos desplomes de sus ventas en España, hasta del 30% y 40%, los casos de FCC o Sacyr.
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"La situación es difícil", reconoce Javier Sáenz de Cosculluela, exministro y presidente de AERCO, la patronal de las constructoras medianas. "El margen presupuestario de las administraciones es cada vez menor, y este año el dinero para nuevas inversiones es ridículamente bajo". Con las administraciones del Estado en mínimos para invertir en infraestructuras, el sector ha decidido presentar una serie de propuestas para reactivar la obra pública mediante financiación privada o público-privada. "Estas fórmulas mixtas son ahora más necesarias que nunca, si se quiere mantener la inversión en infraestructuras", explica Andrés Rebollo, experto de Deloitte.
El plan, desarrollado en el seno de la comisión de concesiones y servicios de la CEOE, fue hecho público en febrero y ha sido ya presentado al Gobierno, a los ministerios más implicados como Fomento, Agricultura y Medio Ambiente y Economía. Las áreas de mayor interés -debido a sus posibilidades de ser financiadas privadamente- serían, según explica Leonardo Benatov, consejero delegado del grupo de ingeniería Euroconsult, "el transporte ferroviario de mercancías, las autopistas y las infraestructuras de agua". Además de propuestas para sectores como los hospitales, los servicios urbanos, el facility management o los pisos en alquiler. Menor interés tendría la alta velocidad, por la dificultad de rentabilizar las posibles inversiones. Y también porque, según explican en el sector, "el Gobierno ha decidido seguir adelante, por sí solo, con una serie de proyectos ya en estado muy avanzado, como el Barcelona-frontera francesa, el Albacete-Alicante y el de Galicia".
Las autovías serían el gran objetivo. No tanto para obra nueva como para mantener las actuales redes en buen estado, el mantenimiento. "Es vital potenciar la conservación de las carreteras: si se estropean, luego cuesta mucho recuperarlas", explica Cosculluela. Las constructoras exigen, de todos modos, que antes de abordar la financiación privada se tomen medidas que, dice el informe de la CEOE, "garanticen la viabilidad de las autopistas de peaje que entraron en explotación en los últimos 15 años y la resolución de cuestiones pendientes en los 10 contratos de autovías de 2007". Miguel Huarte, experto en infraestructuras de Abogados Olswang, explica que "si es cierto que las autopistas han sufrido una caída fortísima en sus cifras de explotación debido a la crisis, hay otras que son claramente inviables, por lo que deberían ser renacionalizadas". Básicamente, porque "se han convertido en activos tóxicos que están desangrando a las concesionarias".
Con respecto al transporte por mercancías, liberalizado hace años, Julián Núñez, de la comisión de concesiones y servicios de la CEOE, explica que "es una idea antigua, pero muy interesante, ya que muchos de nuestros corredores se integrarían en las redes transeuropeas de transporte y tendrían acceso a financiación europea, además de que es un modo muy apto para la financiación privada". Otra área posible, prosigue Núñez "es el ciclo integral del agua, desde el suministro hasta la depuración". Se trata de un sector deficitario, en el que habrá que hacer grandes inversiones. "Hay un déficit en infraestructuras de depuración de 15.000 millones de euros, en el marco del Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015, que podría cubrirse en buena parte con financiación privada", explica Núñez.
El problema es que la financiación privada tendría su contrapartida, poner tarifas a infraestructuras públicas ahora gratis, como las autovías, o incrementar los precios de las que ya se pagan, como el agua. "Habría que introducir algún modo de tarificación por uso", afirma Núñez, de la CEOE. Esta tarificación no sería, explican, indiscriminada: se limitaría a las autovías de alta capacidad y solo en el caso de su uso interprovincial, por lo que no afectaría el tráfico entre el centro de las ciudades y las áreas periféricas. Núñez apunta que "en muchos países de la UE la red de peaje está sobre el 80% del total, mientras en España es solo del 20%". También las inversiones privadas en el ciclo del agua, una carga ya inasumible para algunas administraciones, exigirían actualización tarifaria, una subida de los precios. "Hay que analizar el coste del agua, que en España está en 13.000 millones de euros, mientras los usuarios solo pagan 6.000 millones", indica Núñez. Según el informe de la CEOE, España estaría entre los países con el agua más barata de la UE; una media de 2,13 dólares por metro cúbico frente a los 5,36 de Alemania o los 4,56 de Francia.
De momento no se conoce la respuesta del Gobierno a estas propuestas. En la CEOE opinan que "el Gobierno se está mostrando receptivo", pero ni ha adoptado ninguna decisión aún ni parece interesado en comentar el tema.
De momento, explica Núñez, la situación sigue degradándose: "Este primer trimestre, la licitación pública ha vuelto a caer un 48%". "No es posible seguir con esta política de austeridad, que está llevando al desempleo más masivo, y que todos repiten como si fuera un mantra. Confío en que la Unión Europea la reconsidere, pues es un verdadero fracaso para Europa", advierte Cosculluela, de AERCO.