Una solución rápida para la banca
Si los mercados financieros dicen que tienes un problema, tienes un problema. Da un poco lo mismo el criterio que Gobierno, la banca y el resto de los agentes económicos y financieros tengan sobre el riesgo implícito de los balances de los bancos españoles y la contaminación que este haga de todo el circuito de la financiación a la economía del país: si los mercados estiman que el sistema financiero español sigue dañado y que es una bomba en potencia, ese es el criterio que termina imponiéndose. Y hasta que no se ejecute una solución quirúrgica y definitiva sobre los balances dañados, no considerará el mercado (esa abstracción que proporciona la financiación) que España ha dejado de tener un problema.
Los Gobiernos en España, antes el de Rodríguez Zapatero y ahora el de Rajoy, han encadenado reformas sucesivas del sistema financiero, aunque con una parsimonia propia de la pusilanimidad en la que se desenvolvían cuando creían que gozábamos del sistema financiero mejor gestionado, más rentable y con más exigente supervisión del planeta. El andar de los días demostró que no era tal y que la longevidad de una crisis como la española, con inversión intensiva en activos inmobiliarios residenciales, podía convertir en polvo hasta el pedernal más preciado.
El Gobierno de Zapatero y el Banco de España pusieron en marcha un endurecimiento de las ratios de capital de las entidades bajo la vigilancia de una sobrevalorada Autoridad Bancaria Europea y encarrilaron la desaparición de las cajas de ahorros, entes sin propiedad que habían dispensado crédito sin medida y con un riesgo de quiebra evidente, solo evitado con varias intervenciones. El Ejecutivo de Rajoy, consciente de que nuestros fiadores pedían más decisión con la banca, redobló las exigencias de provisiones y estableció un calendario de fusiones acelerado.
Pero el mercado quiere más. La masiva afluencia de la banca española a captar liquidez dispensada por el BCE y los castigos sucesivos de los precios de las acciones de las entidades cotizadas revelan que se precisan pasos adicionales y muy rápidos. Quienes mueven el mercado quieren, además de certezas en la consolidación fiscal del Estado, de alguna manera ofrecidas con agresivos e impopulares recortes de gasto estructural y con subidas de impuestos presentes y futuras, bancos impolutos con los que tratar en los mercados interbancarios. Bancos limpios de activos dañados. Quieren visualizar en un banco malo o sociedades de liquidación inmobiliaria todos los activos residenciales con valor cercano a cero, para que sea el dinero público el que pague las pérdidas ulteriores.
El mensaje enviado al Gobierno y los agentes financieros es que solo prestarán recursos a entidades transparentes, con balances lo suficientemente robustos como para depositar en ellos la confianza que falta desde hace cinco años y recuperar la circulación del crédito. El informe del Fondo Monetario Internacional ha sido explícito en la necesidad de recapitalizar las entidades dañadas, estén intervenidas o no, y no le han dolido prendas en apuntar a esa gran entidad que no ha logrado fusionarse con ninguna otra y que se empeña en seguir en soledad, aunque el mercado la tiene marcada y no para bien.
La banca ha hecho un gran esfuerzo de saneamiento, y a nadie se oculta que tres cuartas partes del sistema financiero son muy sólidas. Pero quienes antes fiaban el dinero ahora no lo hacen, porque no hacen distingos entre las entidades bien gestionadas y las perjudicadas. El Gobierno comprometió su palabra en que no habrá dinero público para sanear la banca y ha fiado las aportaciones de recursos a los depositados en el Fondo de Garantía de Depósitos, incluso para cubrir las espaldas a quienes se han arriesgado a comprar cajas nacionalizadas.
Además, rechaza toda mención al dinero público por el simple hecho de que hoy no hay capacidad de emisión del Tesoro (o del FROB) para cubrir esas pérdidas, y lo rechaza con más vehemencia si se trata del inyectado por el fondo de rescate europeo, porque considera que llevaría aparejado el estigma del rescate al país y tendría un incalculable coste para futuras emisiones del Tesoro. Sea con una fórmula o con otra, el Gobierno no puede esperar muchas jornadas sin ofrecer una solución que espante los demonios y normalice una situación para recuperar el crecimiento.