Los minoritarios de Repsol pedirán amparo en los tribunales argentinos
Los accionistas minoritarios de Repsol, a través del bufete de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, recurrirán a la justicia ordinaria de Argentina para reclamar la pérdida patrimonial por la expropiación de YPF. Para su defensa han contratado al exministro de Justicia argentino Rodolfo Barra.
La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) emprenderá acciones legales en Argentina contra el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner si no son indemnizados adecuadamente por la pérdida patrimonial provocada por la expropiación del 51% de YPF a la petrolera española. Para ello, el bufete Cremades & Calvo-Sotelo, representante de Aemec, ha contratado al que fuera ministro de Justicia de Argentina entre junio de 1994 y julio de 1996, bajo el Gobierno de Carlos Menem, Rodolfo Barra, cuya presentación tuvo lugar el viernes en un encuentro con los medios.
Barra explicó que se presentará una acción de amparo ante la jurisdicción ordinaria argentina porque "la expropiación es arbitraria y antijurídica", ya que las leyes argentinas impiden al Gobierno expropiar la compañía sin pagar por ello. "Esto supone una confiscación que viola las leyes argentinas e internacionales", afirmó.
En este sentido, el exministro apuntó que se impugnará en amparo la ley de expropiación, actualmente en trámite parlamentario tras la aprobación el jueves pasado por parte del Senado de Argentina, ya que el Gobierno "no tiene derecho a asumir los órganos de control de la compañía sin pagar" un justiprecio, que determinará el Tribunal argentino de Tasaciones.
Barra: "Es una confiscación que viola las leyes argentinas"
Antes de acudir a los tribunales, Barra será el encargado de contactar con el Gobierno de Kirchner con el objetivo de acordar una conciliación para que los minoritarios reciban una "justa compensación" del valor de mercado que tenían los títulos antes de que comenzaran las acciones de hostigamiento entre noviembre y diciembre de 2011.
La cotización de Repsol ha caído hasta un 30% desde la expropiación. En caso de acudir a los tribunales, se valorarán las pérdidas de forma individualizada para cada accionista. "Cualquier valor que no sea razonable se podrá impugnar", afirmó Barra. En caso de que la vía argentina no prospere, Aemec reclamará ante el Tribunal Internacional de Arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), con sede central de Washington, por vulneración de los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (Appri). Además, el socio de Cremades & Calvo-Sotelo Miguel Ángel Serrano anunció que cuatro despachos estadounidenses están analizando la posibilidad de presentar una shareholder action en el país, ya que Repsol cuenta en EE UU con numerosos accionistas minoritarios, así como internacionales.
Por último, Serrano explicó que, unidas a todas estas medidas, se va a iniciar una labor de presión institucional y lobby ante la UE en defensa de los minoritarios. "Existe gran posibilidad de éxito porque tanto Repsol como los accionistas tienen toda la razón", concluyó Barra.
Continúan las denuncias en prensa
Repsol prosiguió ayer con su campaña de rechazo de las acusaciones del Gobierno argentino con un anuncio en el que rescató los elogios de la presidenta, Cristina Fernández, y sus ministros a YPF en los últimos años y se preguntaba por las razones del cambio que derivó en la "confiscación" de sus acciones en la petrolera. "En Argentina las empresas tienen seguridad jurídica, por eso no hay motivo alguno de preocupación, especialmente, en el caso de YPF, ya que conocemos con detalle su plan de negocios e inversiones y nos parece adecuado a las necesidades del país", aseguraba en 2008 el ministro de Planificación, Julio de Vido, hoy interventores de la petrolera expropiada. En 2009, la presidenta se refería a un plan de inversión como una iniciativa que "sobre todas las cosas reafirma un optimismo y una esperanza en el presente y en el futuro". Según otra frase recopilada y pronunciada por Roberto Baratta, consejero del Estado en YPF, "el Estado está en todo de acuerdo con las actividades que la compañía viene desarrollando".