Más competitividad, pero no más gasto
El Gobierno ha reconocido finalmente que se verá obligado a elevar la tributación indirecta -lo que se traducirá fundamentalmente en un aumento del IVA, además de los especiales- el próximo año, con el objetivo de recaudar 8.000 millones de euros más. Ello constituye otra apretada vuelta de tuerca dirigida a cumplir los objetivos de déficit comprometidos con Bruselas, pero sobre todo evidencia las dificultades que España va a tener que afrontar para lograrlo y la senda de sacrificios que exigirá llevarlo a cabo. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, aseguraba el viernes al presentar el Programa de Estabilidad 2012-2015 que el Gobierno se plantea una "modificación del sistema impositivo" que afectará a dos aspectos: los impuestos al consumo -que experimentarán la citada alza- y las cotizaciones sociales, que se retocarán a la baja. Para un Ejecutivo que se comprometió firmemente con su electorado a no subir la tributación, es evidente que tener que desdecirse y hacerlo más de una vez no constituye un trago políticamente atractivo, lo que explica -pero no justifica- el insólito lenguaje que Guindos utilizó en su comparecencia al referirse a esta cuestión y con el que procuró cuidadosamente evitar la palabra IVA. En cualquier caso, con ambas medidas el Ejecutivo popular pretende apostar por un aumento de la competitividad de la economía española, al facilitar una mayor reducción de los costes de producción que permita mejorar la balanza comercial con el exterior. Dado que la demanda de consumo interno está prácticamente paralizada, abaratar las exportaciones es una de las escasas palancas de que dispone el Gobierno para alimentar la actividad económica en estos momentos. Aunque hasta ahora el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, había reiterado que aumentar el IVA solo agravaría la recesión, una subida impositiva y una mayor reducción de los costes laborales aparece como una posible receta para tratar de cumplir con los objetivos de ajuste en 2013 y relajar la constante presión de los mercados.
Las previsiones económicas para el año que viene que plantea el Ejecutivo -un 0,2% de crecimiento- son bastante más optimistas que las auguradas por numerosos expertos y distintos servicios de estudios, que vaticinan para España otro año de recesión. Pese a ello, el cuadro macroeconómico incluido en el Programa de Estabilidad 2012-2015 ofrece un oscuro panorama de evolución del desempleo, que en 2015 superaría el registrado en 2011. Los cálculos del Gobierno, que parecen apuntar al peor de los escenarios posibles, han coincidido en el tiempo con la publicación de las demoledoras cifras que ofrece la encuesta de población activa (EPA) del primer trimestre. Los 374.300 empleos perdidos entre enero y marzo de este año sitúan el número de parados en 5,6 millones, casi la cuarta parte de la población activa. Una radiografía que refleja un mercado de trabajo enfermo y en el que la mayor parte del empleo perdido se concentra en el sector privado -casi el 90%-, lo que, además de constatar la recesión, significa también que aún no se ha puesto en marcha el durísimo recorte de personal que el sector público debe acometer para culminar el ajuste presupuestario.
Es evidente que el horizonte que España tiene ante sí no es sencillo y que las opciones de maniobra para el Gobierno aparecen rodeadas de incertidumbre. Pero aun dentro de este difícil contexto existen dos grandes líneas de actuación que en ningún momento pueden perderse de vista. La primera es que el objetivo de déficit público debe cumplirse de forma inexcusable, porque de ello depende que España pueda seguir financiándose en los mercados. La segunda consiste en que hay que estimular el crecimiento, pero que ese estímulo debe acometerse con más y mayores reformas, pero en ningún caso con un mayor gasto. En línea con esa idea, la agenda reformista que el Gobierno ha remitido a Bruselas incluye, entre otras medidas, una reforma del sector de alquiler de viviendas, así como una mayor liberalización de los horarios comerciales y de la prestación de servicios profesionales. Todo ello conforma una fuerte apuesta por transformar la economía española, un reto cuyos resultados condicionarán un futuro que va más allá de esta crisis.