La reforma laboral aportará la mitad del crecimiento previsto

Alquiler y horarios comerciales, próximos hitos reformistas

El Ejecutivo prevé que se crearán 1,98 millones de empleos hasta 2020

El Plan Nacional de Reformas enviado el viernes a Bruselas recoge todos los hitos de la agenda reformista que va a poner en marcha el Ejecutivo y que, combinados con la consolidación fiscal, devolverán a España al equilibrio presupuestario en 2016. A las medidas impositivas y de racionalización del tamaño del sector público, presentadas con profusión a lo largo del pasado trimestre, se han unido los cambios que se quieren introducir en el mercado del alquiler de vivienda y en materia de horarios comerciales.

En el primer apartado, el plan incluye un refuerzo de las garantías jurídicas de los propietarios de casas, que cristalizará a través de una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como en incentivos al alquiler de viviendas vacías. Los primeros cálculos estiman que hay tres millones de inmuebles en esa situación y su salida al mercado en régimen de arrendamiento podría servir para acabar con dos de las distorsiones que afectan al mercado inmobiliario: las dificultades que tienen los jóvenes para acceder a una vivienda barata y eliminar las inseguridades que impiden a los propietarios alquilar sus pisos.

La liberalización de los horarios comerciales es otra de las reformas que quiere impulsar el Ejecutivo, con el convencimiento de que supondrá la creación de más puestos de trabajo y que tendrá un efecto de contención de la inflación. Por ahora, el Ejecutivo ya ha anunciado la supresión de la licencia previa para abrir un comercio, que se hará efectiva a partir de mayo y en los próximos meses se unirá la iniciativa para ampliar la libertad de horarios comerciales en zonas de atractivo comercial, como enclaves de gran afluencia turística.

Otra de las medidas con las que el Gobierno augura que se producirá una atenuación del gasto será la creación de la Agencia Estatal de Investigación, que se encargará de gestionar y distribuir todos los fondos públicos para políticas ligadas a la I+D+i. El Gobierno estima que el conjunto de reformas incluidas en el plan remitido a Bruselas tendrá un impacto muy beneficioso en el PIB (8,6 puntos de crecimiento hasta 2020) y 1,98 millones de puestos de trabajo hasta 2020.

La medida que mayor impacto tendrá en la economía y en el empleo será la reforma del mercado de trabajo, que permitirá crear, según los cálculos oficiales, hasta 1.763.000 puestos de trabajo, con una aportación sobre el crecimiento económico de 4,5 puntos porcentuales. Menor efecto tendrá la reforma del sector financiero, que proporcionará un incremento acumulado del PIB de 1,6 puntos y 96.000 empleos.

En tercer lugar, se sitúa la liberalización del sector servicios (en la que también se incluyen la unidad de mercado y las medidas correctoras en los servicios profesionales), que aportarán un crecimiento del 1,2% del PIB, pero que apenas tendrá efecto sobre el empleo (39.000 puestos de trabajo).

Por el contrario, los cambios introducidos en el sistema de pensiones se notarán más en el mercado laboral (71.000 puestos de trabajo) que en la economía (crecimiento del 0,4%), ya que incentiva la compatibilidad entre el cobro de la pensión y el trabajo. El Gobierno espera que la Ley de Estabilidad Presupuestaria permita un crecimiento del 0,9% y 18.000 empleos.

Acoso y derribo a las empresas ficticias

Otra de las medidas anunciadas por el Gobierno el viernes hace referencia a la futura modificación del Código Penal delimitando nuevos supuestos de fraude a la Seguridad Social en los que se ha verificado que la sanción administrativa no es efectiva. Tal es el caso de las denominadas empresas ficticias y talleres clandestinos. Para poner coto a estas prácticas, se pretende la ampliación del periodo de prescripción de cinco a 10 años de los supuestos delictivos más graves, como, por ejemplo, las "empresas fantasma" sin actividad real que simulan relaciones laborales solo para que los trabajadores obtengan una prestación pública.

También está previsto modificar la normativa en vigor para sancionar a aquellos que empleen simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta a la Seguridad Social, o sin haber obtenido la correspondiente autorización.

Por último, en los supuestos de fraude complejos, se amplía de nueve a 18 meses el periodo de comprobación previo al sancionador y se extiende de un año a tres el plazo para exigir responsabilidades.

Valencia recupera patrimonio

La Generalitat Valenciana introducirá el impuesto de patrimonio, incrementará transmisiones patrimoniales y aplicará tasas judiciales y nuevas medidas de ajuste en educación, sanidad y en el sector público empresarial. Con estas actuaciones, prevé un ajuste de 2.260 millones, de los que 1.223 millones serán por recorte del gasto y algo más de 1.036 por incremento de los ingresos.