Un mercado eléctrico creíble
La incertidumbre lleva demasiado tiempo protagonizando las perspectivas en un mercado tan estratégico y vital para la recuperación y el desarrollo de España como es el eléctrico. Hemos entrado en una dinámica en la que llueve sobre mojado. Especialmente para la actividad de generación y, más en concreto, para determinadas tecnologías de producción que han realizado fuertes inversiones en periodos en los que el país reclamaba apoyo para dotar al mercado de la capacidad de suministro y la flexibilidad que demandaban sus expectativas de crecimiento.
Como en cualquier actividad económica, las inversiones llevadas a cabo por muchas compañías se realizaron atraídas por una llamada que planteaba escenarios a los que se les atribuía la estabilidad y credibilidad de un país tan avanzado como el nuestro, que permitían prever tasas de amortización y de retorno de las inversiones razonables. Fueron volúmenes de inversión muy relevantes con proyectos que, en el caso de los ciclos combinados, supusieron inversiones por encima de los 15.000 millones de euros de inversión global y una potencia instalada de 26 GW, con unas expectativas de retorno que 10 años después no se han cumplido.
Para compañías que cuentan con un mix de generación diversificado, los desequilibrios de diseño regulatorio pueden compensarse entre las diferentes tecnologías, pero esta fórmula de equilibrio artificial no aporta un modelo sectorial realmente sostenible y de futuro. Como principio empresarial básico, cada tecnología y cada proyecto tiene que ser capaz de responder a las necesidades del mercado con su propia estructura de costes, y debe afrontar el reto de ser competitiva. Este principio no es incompatible con ciertas iniciativas políticas de estímulo en el sector, siempre que respondan a un modelo equilibrado, sostenible y, mucho más importante, realmente estable en el tiempo. El sector eléctrico ha evolucionado en los últimos 10 años de un problema de escasez de inversiones a una situación de sobrecapacidad y desequilibrio de ingresos entre tecnologías difícilmente sostenible. Adicionalmente, la demanda no ha crecido según las previsiones, y su descenso ha evidenciado situaciones que económicamente ya no se pueden permitir las distintas empresas. Además, se prevé que esta situación empeore en los próximos meses.
En este contexto, la proliferación de las centrales de ciclo combinado ha aportado al sistema la capacidad y flexibilidad que este necesitaba para acompasar el crecimiento de otras fuentes y tecnologías, pero con un marco regulatorio que se ha mostrado mucho más voluble de lo deseado. Las reglas del juego han cambiado sin haber podido amortizar ni mínimamente inversiones que para alguno de nosotros ya han superado los 1.000 millones de euros en España. Y las perspectivas a corto y medio plazo no son más favorables.
Por todo ello, las reformas en el sistema hacen imprescindible establecer un terreno de juego claro y estable, que considere las cuentas de resultados de cada activo de producción. Esto es, su situación en términos de amortización, sus costes reales y sus condiciones objetivas para competir en condiciones razonables. El informe que la CNE emitió a comienzos del pasado marzo la CNE apunta unas directrices que probablemente compartimos en su concepción global, pero que incluye también algunas recomendaciones, como la relativa a no aumentar los pagos por capacidad, que persisten en lastrar de forma difícilmente asumible tecnologías de generación concretas como las centrales de ciclo combinado. Estos pagos solo remuneran una parte de las inversiones y de los costes derivados de la disponibilidad de las plantas para actuar como respaldo de otras tecnologías como la eólica o la solar. Lo razonable, dentro del esfuerzo que todos estamos dispuestos a realizar, es asignar unos mecanismos de incentivo a la inversión y disponibilidad que aseguren la amortización y la viabilidad económica de una tecnología que es esencial para dotar al sistema de la necesaria flexibilidad y capacidad de respuesta.
Por ello, la decisión tomada por el Gobierno de reducir el incentivo a la inversión en un 10% a todos los generadores, independientemente de su situación, y sin tener en cuenta la revisión al alza de dicho incentivo ya implementada por el Gobierno saliente el 15 de diciembre de 2011, no es en modo alguno la solución. Más bien al contrario, el hecho de que una medida regulatoria de tal calado haya tenido una validez temporal de días es una señal preocupante.
Buscar soluciones intermedias que no aborden el problema de la viabilidad de las inversiones individuales per se y que traten de compensar los diversos fallos regulatorios solo es asumible por organizaciones que cuentan con porfolios diversificados, pudiendo condenar a determinadas compañías a situaciones insostenibles.
Lejos de plantear enfrentamientos entre unas tecnologías de generación y otras, tenemos que asumir lo que el sistema puede mantener y lo que la lógica de los números determina como equilibrado y viable. Sin este criterio esencial, las posibilidades de establecer un terreno de juego realmente sostenible y justo será difícilmente realizable. Y lo que es peor, insistir en los desequilibrios del modelo actual sin afrontar la realidad de cada tecnología, sus costes y su situación, puede minar la credibilidad de nuestro mercado eléctrico deteriorando su atractivo para seguir estimulando la inversión y los proyectos de futuro.
Alfonso Pascual. Presidente de Aprie (Asociación de Productores Independientes de Energía Eléctrica en Régimen Ordinario)