Deberá pagar más de dos millones de euros

Un juez condena a Bankpyme por comercializar preferentes de forma irregular

Según la sentencia, los emisores de estas participaciones preferentes eran Lehman Brothers y varios bancos islandeses, que se vieron arrastrados a la quiebra debido a la crisis financiera.

Sucursal de Bankpyme.
Sucursal de Bankpyme.

El juzgado de primera instancia número 13 de Barcelona ha condenado a Bankpyme, entidad absorbida por La Caixa, a pagar más de dos millones de euros a 31 clientes a los que vendió participaciones preferentes de forma irregular.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, los emisores de estas participaciones preferentes eran Lehman Brothers y varios bancos islandeses, que se vieron arrastrados a la quiebra debido a la crisis financiera.

En la sentencia, el juez señala que "Bankpyme incurrió en tres serias deficiencias en su tarea de asesoramiento".

En primer lugar, recomendó productos inadecuados al perfil de los inversores, ya que todos ellos eran minoristas de perfil conservador y buscaban la seguridad en sus inversiones.

Las participaciones preferentes están considerados productos de alto riesgo, ya que son títulos complejos, sin vencimiento y con una rentabilidad supeditada a que la entidad emisora obtenga beneficios.

En segundo lugar, Bankpyme no informó de las características ni de los riesgos de los productos "ni antes ni en el momento de su compra".

Por último, "no informó del progresivo deterioro del riesgo de insolvencia del emisor Lehman Brothers y de los bancos islandeses emisores a partir del verano de 2007".

El juez explica que estas deficiencias provocaron "graves pérdidas a los inversores afectados".

Así, considera que el banco incumplió "sus obligaciones contractuales de diligencia, lealtad e información" al asesorar este tipo de instrumentos, que están diseñados para inversores cualificados.

Por este motivo, condena a Bankpyme a devolver a sus clientes las cantidades invertidas más los intereses, a lo que se restará los beneficios obtenidos hasta ahora, lo que hace un total de más de dos millones de euros, según los despachos de abogados Zunzunegui y Jausas, encargados de la defensa de los demandantes.