Ordóñez ve elevados riesgos de incumplimiento de los ingresos fiscales
En su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto del Congreso, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha señalado que se observan riesgos elevados en el incumplimiento de los ingresos fiscales previstos para este año pues la recaudación será menor de la prevista por el Ejecutivo.
Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha advertido que la recaudación prevista por el Ejecutivo para 2012 podría ser menor de lo esperado. El Gobernador del Banco de España, siguiendo la negativa evolución de los ingresos en el año anterior, cree que es necesario realizar una "proyección prudente de esta variable". Los ingresos procedentes del Impuesto de Sociedades dependerá en gran medida de los cambios normativos aprobados en los últimos meses, prestando una especial atención a los efectos que traiga consigo amnistía fiscal. En referencia a este punto, Ordóñez ha mostrado sus recelos sobre los efectos verdaderos que finalmente tenga la iniciativa sobre las cuentas públicas. Asimismo, la elevada dependencia del sector exterior "tiende a generar incrementos muy moderados de los ingresos impositivos en el corto y medio plazo".
En el análisis efectuado por el Banco de España, Ordóñez ha mostrado su apoyo a las medidas de consolidación fiscal que tienen por objeto la reducción del déficit público hasta el 3% en 2013, cueste lo que cueste, es decir, con independencia de que acabe desembocando en una contracción económica aún mayor. Dentro de este apartado, Ordóñez considera primordial la implicación de todas las Administraciones Públicas. El esfuerzo presupuestario permitirá, según los señalado, recuperar la confianza y el fracaso en la consolidación fiscal supondría ahondar más en la caída de la economía y en el incremento del paro.
Ordóñez tampoco ha querido dejar pasar la ocasión para valorar la tan criticada reforma laboral que ha costado al Ejecutivo su primera huelga general. Advierte que los efectos no se harán notar en el corto plazo y que incluso el desempleo podría seguir creciendo. No obstante, esta última tendencia podría revertirse adoptando medidas de flexibilidad interna incorporadas en la reciente reforma del mercado de trabajo que tiene por objeto favorecer el ajuste y la productividad a fin de aumentar la competitividad.
El gobernador del Banco de España ha señalado que a lo largo del verano de 2011 se produjo un nuevo brote de crisis que puso fin a la leve recuperación experimentada hasta el momento. Esta caída en la economía ha tenido su continuación en los comienzos de 2012 de manera que España, como ya confirmó la institución que él preside, ha entrado en recesión y se espera que no se hasta 2013 cuando la economía retome la senda del crecimiento.
La contracción de la demanda nacional debido al alto nivel de endeudamiento de las familias seguirá siendo la tendencia imperante en el conjunto del año. Solo el sector exterior será la única variable que crezca y esto tendrá su justificación en la disminución de las exportaciones pero no en un ascenso de las importaciones que sufrirá pequeños retrocesos.
El aumento de la inflación seguirá un ritmo moderado a excepción de los precios de la energía. Las empresas por su parte reducirán su inversión al destinar gran parte de sus recursos a minorar su nivel de endeudamiento.
En medio de la crisis que se cierne sobre el Viejo Contienente y que sitúa a España en el ojo del huracá, el BCE se ha eregido como el salvavida de la euro zona para lo cual ha adoptado medidas no convencionales como las subastas a tres años. Los principales retractores de esta medida señalan que lo único que se consigue con las megainyecciones de liquidez es enmascarar los problemas de solvencia de las entidades. Ante afirmación, el Banco de España señala que las entidades nacionales ha continuado con "el proceso de saneamiento, reestructuración y recapitalización del sistema crediticio español" y los esfuerzos pasan ahora por "seguir fortaleciendo el capital y las provisiones de las entidades".
Por último, Ordóñez ha alertado del envejecimiento de la población y su consiguiente efecto sobre las cuentas públicas al incrementar determinadas partidas del gasto. Para ello, anima al Ejecutivo en el marco de la reforma de la Seguridad Social, a definir lo antes posible "el factor de sostenibilidad para que los parámetros del sistema se vayan adaptando de forma automática a los cambios demográficos".