Argentina apura la aprobación de la expropiación en el Congreso
El oficialismo tiene mayoría en el Congreso de la Nación y cuenta con el respaldo de otros partidos para expropiar YPF. La UCR, el principal partido opositor, ha anticipado su rechazo y ha anunciado la presentación de un proyecto alternativo.
La urgencia impuesta por la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, para avanzar en la expropiación del 51% de YPF ha agilizado la agenda del Congreso de la Nación que hoy comenzará a analizar el proyecto del Gobierno para convertirse en ley en menos de un mes.
El sistema bicameral argentino establece un tratamiento de doble lectura del proyecto de ley. Así, la Cámara de Senadores de inmediato convocó a iniciar el debate hoy en comisiones para lograr su aprobación la próxima semana y remitirlo después a la Cámara de Diputados para que con la misma agilidad apruebe la expropiación.
Se estima que en menos de un mes el proyecto será convertido en ley con el voto mayoritario que el Frente para la Victoria (oficialismo) cosecha en ambas cámaras y con el respaldo de aliados y opositores que apoyan la expropiación.
El proyecto de ley 'De la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina' por el que se declara de "utilidad pública" y sujeto a expropiación el 51% de las acciones de YPF S.A, pasó a tramitación ayer al Senado compuesto por 72 miembros, con una mayoría de 37 escaños del partido oficialista. A pesar de la mayoría oficialista, el Gobierno requiere del respaldo de senadores y diputados ajenos para lograr la mayoría especial necesaria para la aprobación de la expropiación y medidas futuras.
Según el proceso diseñado para tratar la expropiación de YPF, comenzarán a debatir hoy el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; Presupuesto y Hacienda; y Minería, Energía y Combustibles. La rapidez en el tratamiento que pretende el oficialismo fue rechazada por partidos opositores que cuestionan la "seriedad" con que se tratará el tema en tan corto plazo.
En la primera jornada de análisis de la expropiación, comparecerán ante los senadores el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, designado por la presidenta como interventor de YPF. Además explicarán el proyecto del Gobierno, el secretario de Energía, Daniel Cameron, y el secretario de Programación Económica, Axel Kicillof. El presidente del bloque oficialista en el Senado, Miguel Pichetto, ha dicho que "es nuestra voluntad es avanzar en el tratamiento del proyecto que declara la utilidad pública de YPF con suma rapidez y celeridad".
La Unión Cívica Radical (UCR), el principal partido opositor en argentina, ha anticipado que no acompañará la iniciativa del oficialismo y que presentará un proyecto propio con medidas "integrales" para resolver la crisis energética argentina.
"Es una solución parcial, ya que YPF explica sólo 30% de la producción hidrocarburífera. Lo más inteligente es ordenar una auditoría para verificar eventuales incumplimientos de otras concesionarias", ha dicho el diputado y ex candidato presidencial de la UCR, Ricardo Alfonsín.
También diputados y senadores de la Coalición Cívica han rechazado la medida considerando que YPF fue "vaciada" y no generará recursos para el país. Mientras que el diputado Fernando Solanas (Proyecto Sur) ha anunciado el apoyo de su partido a la expropiación.
En tanto, las provincias productoras de hidrocarburos han celebrado el proyecto de expropiación ya que serán accionistas de YPF con el 24,99% del capital, según establece el reparto de las acciones a expropiar que establece el proyecto oficial, por el cual la Nación se quedará con el 26,01% de las acciones.
El reparto con las provincias productoras de hidrocarburos se debe a que desde 1994 con la reforma de la Constitución Nacional, son las dueñas de los recursos naturales existentes en sus territorios, aunque el Gobierno demoró 12 años en ceder los recursos a las provincias y recién en 2007 el Congreso aprobó y promulgó la Ley Federal de Hidrocarburos otorgando a las provincias las facultades plenas para la administración sobre los yacimientos que se encuentren en sus territorios, por el cual también se transfirieron todos los permisos de exploración y concesiones de explotación de hidrocarburos, y los contratos que habían sido aprobados por el Estado nacional.
Con los recursos en su poder, la mayoría de las provincias iniciaron procesos licitatorios de áreas revertidas y de aquellas cuya concesión estaba próxima a caducar, fijando pautas propias en los convenios en materia de inversiones, explotación racional de los recursos, pago de cánones y regalías. En la misma ley se otorga a las provincias la facultad de aplicar sanciones con la caducidad de permisos de explotación si consideran incumplidos los contratos.
El último mes las provincias productoras de hidrocarburos hicieron uso de sus facultades concedidas cinco años atrás aplicando a YPF sanciones con la quita de 17 permisos de explotación de crudo en total.
