Rajoy acusa a Argentina de proteccionismo
El presidente del Gobierno ha manifestado hoy su "profundo malestar" por la expropiación de YPF y ha acusado a Argentina de proteccionismo. Además, ha señalado la necesidad de contar con un marco económico previsible y estable.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha roto su silencio respecto a la expropiación de YPF anunciada ayer por la presidenta argentina, Cristina Kirchner.
Durante un encuentro organizado en México D. F. por el Foro Económico Mundial, Rajoy se ha destacado que América Latina se ha beneficiado de la inversión extranjera, y que las empresas españolas tienen vocación de permanencia en esa región.
En una clara referencia a la expropiación de YPF, Rajoy ha afirmado que los periodos de crisis "tienden a renovar la demanda de proteccionismo menos capaces de competir en el mercado global". Así, recordó el compromiso alcanzado en noviembre de 2008 por el G-20 (al que pertenece Argentina) de evitar esas tendencias.
A su juicio, la inversión extranjera "ha impulsado el crecimiento, particularmente en las economías emergentes". "Por eso es muy importante contar con un marco económico previsible y estable", ha opinado de nuevo en referencia al caso de las petroleras.
En este punto, Rajoy ha pedido a la audiencia que le permitiese "decir algo que tengo que decir": expresar su "profundo malestar" respecto a la nacionalización de YPF, una decisión "negativa para todos, para la empresa, para España y para Argentina.
"Repsol se ha visto expropiada sin justificación ni razón económica alguna", ha afirmado. En este punto, ha advertido de que el anuncio de Kirchner "rompe el buen entendimiento de las relaciones bilaterales", y "afecta mucho a la reputación internacional" de Argentina.
También ha señalado que la decisión sienta un grave precedente: "Podría interpretarse erróneamente por parte de quien no conozca bien América Latina y afectar a la reputación de la región, lo que sería sumamente injusto", ha explicado. Rajoy ha concluido su intervención advirtiendo de que el Gobierno de España actuará para defender los "legítimos intereses" de Repsol, y también "una forma de relaciones económicas internacionales".