El turno de oficio captará la mayoría de los recursos

Ruiz-Gallardón prevé ingresar por tasas 300 millones al año

La revisión del sistema de tasas judiciales puesta en marcha por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, generará al Estado 300 millones de euros anuales frente a los 172 millones que se recaudaron en 2010. La mayor parte de esta cantidad se destinará a financiar el turno de oficio.

Ruiz-Gallardón prevé ingresar por tasas 300 millones al año
Ruiz-Gallardón prevé ingresar por tasas 300 millones al año

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, desglosó ayer el recorte presupuestario de su ministerio. De los 1.680 millones de euros con los que se dotó a Justicia en 2011 se ha pasado a 1.574 millones, lo que supone un ajuste del 6,34% y unos 106 millones menos para este ejercicio.

La reducción de gastos, no obstante, se compensará con un aumento de ingresos gracias a la revisión del sistema de tasas judiciales. El subsecretario de Justicia, Juan Bravo, estimó que la recaudación anual ascenderá a 300 millones de euros, aunque también matizó que durante el presente ejercicio se ingresará algo menos, en torno a 234 millones de euros a razón de seis meses.

128 millones más

Alberto Ruiz-Gallardón aclaró que se trata de "una revisión significativa que afectará al orden civil, social y contencioso-administrativo" y en este sentido, recordó que en el año 2010 se recaudó por este concepto un total de 172 millones de euros. El ministro, por tanto, pretende obtener unos 128 millones adicionales.

"El incremento se hace con una doble perspectiva, no como un elemento disuasorio para acudir a la Administración de Justicia, sino únicamente para quienes persiguen dilatar en el tiempo la resolución de los conflictos", matizó el titular de Justicia.

Las nuevas tasas, que afectarán no solo a las personas jurídicas, sino también a las físicas, se impondrán para la segunda instancia. "A aquellos que no se conforman con lo que ha resuelto la Justicia y desean una segunda opinión, se les debe exigir un mayor esfuerzo económico", aclaró Gallardón.

En cualquier caso, ninguna de estas tasas se aplicará a quienes tengan derecho al turno de oficio.

Dentro de los recortes presupuestarios, destaca el apartado de inversiones reales que pasa de dotarse con 164 millones en 2011 a hacerlo únicamente con 94 millones en 2012, lo que supone una caída de 70 millones, casi la mitad de lo establecido en el pasado ejercicio. De esta cantidad, unos 60,3 millones se destinarán a mantener los programas comprometidos de modernización tecnológica, especialmente los que afectan al Registro Civil.

El resto -otros 34,32 millones de euros- serán destinados al plan de infraestructuras para la construcción de nuevos edificios judiciales en Plasencia, Almendralejo, Murcia, Ponferrada, Almagro y la Audiencia Nacional.

Aunque esto significará seguir con los planes del anterior Gobierno en materia de la Nueva Oficina Judicial (NOJ), sí es cierto que Justicia tiene previsto revisar ese modelo, porque "no tiene ningún recorrido práctico", según comentó el subsecretario Juan Bravo.

Los gastos de personal también se reducen un 1,82% hasta sumar 1.279 millones frente a los 1.302 millones ejecutados el pasado ejercicio. Para este año no se prevé la convocatoria de oposiciones, sin embargo, Ruiz-Gallardón explicó que para el próximo mes de enero está presupuestada la contratación de 35 jueces y 20 fiscales.

Plan de fraude en la gestión de la justicia gratuita

La partida destinada a justicia gratuita se incrementa en el Presupuesto 2012 en unos 2,3 millones de euros hasta los 34,2 millones, lo que supone un 7,22% más que en 2011. El ministro de Justicia anunció ayer la apertura de un proceso de diálogo con las comunidades autónomas que tienen delegada esta competencia para acordar la participación conjunta en la recaudación y mejorar la eficiencia en la gestión del turno de oficio.

"Realizaremos una revisión de la vigente legislación en justicia gratuita, pero siempre manteniendo el compromiso de no bajar el nivel de renta que da derecho a este servicio", aclaró Ruiz-Gallardón.

El titular de Justicia apostó, al mismo tiempo, por un plan de persecución del fraude. "Se establecerán nuevos mecanismos para comprobar la existencia real de ese derecho y se estudiará si las circunstancias económicas que dieron derecho a este servicio persisten cuando se produce un cambio de instancia y durante toda la duración del proceso", explicó el ministro de Justicia.

El subsecretario de Justicia, Juan Bravo, informó, además, que el diálogo que se establezca con los gobiernos regionales buscará sistemas alternativos a los actuales para que los colegios de abogados "obtengan una mayor seguridad en los compromisos de pago".

Durante esta crisis, diversas instituciones colegiales, como el Colegio de Abogados de Madrid y el Colegio de Abogados de Valencia, por citar los más importantes, han sufrido importantes retrasos en los pagos que en ocasiones han puesto en tela de juicio el propio servicio.

"El nuevo sistema tendrá que ofrecer soluciones alternativas para que ese problema no se vuelva a repetir", señaló el subsecretario de Justicia.

Las cifras

70 millones de euros es la cifra que el Ministerio de Justicia ha recortado para nuevas inversiones.

24 millones supone el ahorro estimado en gastos de personal . En enero se contratarán 35 jueces y 20 fiscales.

34,2 millones será la suma destinada al turno de oficio, que tendrá un aumento presupuestario de 2,3 millones.