Navarra solo aplicará la amnistía fiscal como último recurso

El Gobierno de Navarra duda del potencial recaudatorio de la amnistía fiscal y solo recurrirá a ella si estima que la región incumplirá los objetivos de déficit, penado con sanciones. Los responsables de la comunidad, con más autonomía fiscal que el resto, consideran "irresponsable" el perdón y estudian sumarse al no del País Vasco. Hacienda ya busca fórmulas para sortear el veto foral.

El Gobierno de Navarra ha encargado dos estudios: uno para estimar el ahorro potencial de la amnistía y un cuadro macroeconómico para analizar si las previsiones de recaudación que incluyen los Presupuestos Generales del Estado se pueden cumplir. Después de Semana Santa, la comunidad presidida por Unión del Pueblo Navarro (UPN) con apoyo del Partido Socialista decidirá si se suma al rechazo a la amnistía de las Haciendas del País Vasco, gobernadas por el PNV en Vizcaya, el PP en Álava y Bildu en Guipúzcoa.

El Ejecutivo navarro pasó ayer de un no rotundo a una postura más ambigua. Por la mañana, el vicepresidente, el socialista Roberto Jiménez, dio por hecho que la región recurriría a su autonomía fiscal sobre los impuestos directos para renunciar a la amnistía, que reportaría unos 40 millones de euros, según las primeras estimaciones. "Esta medida es la gota que colma el vaso", declaró en una entrevista con la Cadena SER. "Lo que hay que hacer con los defraudadores es perseguirles. La amnistía no se aplicará en nuestra comunidad". Y Yolanda Barcina, la presidenta, de UPN, repitió ante los medios que "a priori" le disgusta la propuesta de Montoro.

Horas después, el consejero portavoz del Ejecutivo navarro, Juan Luis Sánchez de Muniain, de UPN, matizó en una conversación con este periódico las palabras del vicepresidente regional. El portavoz explicó que a los dos socios de Gobierno les disgusta la medida y que, antes de aplicarla, estudiarán si pueden cumplir sin ella los objetivos de déficit, que Navarra superó en 2011 (cerró con 1,89% frente al 1,3% previsto). "Todo lo que suene a amnistía tiene una connotación negativa", sostuvo el portavoz. "El Gobierno de Navarra no suele copiar, sino armonizar. Queremos aplicar fórmulas responsables". ¿Es responsable perdonar a los defraudadores?, le preguntaron entonces. Respuesta rápida: "No".

Aprobada el viernes en el Consejo de Ministros, la amnistía busca aflorar 25.000 millones de euros, de los que el Estado recaudaría 2.500 millones. Hacienda perdonará los impuestos y las multas a cambio de que los evasores entreguen el 10% del capital que escapó al control tributario.

Montoro, que presentó la medida con cara de circunstancias, ve cómo el rechazo a su propuesta va en aumento. Los inspectores de Hacienda calificaron el perdón de inconstitucional. El Partido Socialista, que aprobó dos amnistías durante el Gobierno de Felipe González, calificó la norma de "muy injusta e inmoral". Y las dos comunidades con posibilidad de veto por su autonomía han tardado menos de una semana en mostrar sus reparos.

Fórmulas alternativas

El Ministerio de Hacienda estudia fórmulas para aplicar el perdón fiscal en toda España y sortear así el veto foral. Los responsables del departamento dirigido por Cristóbal Montoro entienden que una empresa ubicada en Navarra o País Vasco puede acogerse a la amnistía si la mayor parte de la renta no declarada se originó en otras comunidades autónomas. El Gobierno central reitera que hará todo los esfuerzos posibles para rebajar el déficit del conjunto de la Administración pública al 5,3% y asegura que para ello no será necesaria aprobar una nueva subida de impuestos.

La vía navarra

El Gobierno de Navarra recurrió en enero a su autonomía fiscal para aprobar una subida de impuestos más suave que la que había anunciado el Ejecutivo central. El tipo máximo del IRPF se fijó en un 49%, frente al 54% que marcó el Gobierno de Mariano Rajoy.

IU quiere recurrir la medida ante el TC

Ni la amnistía fiscal ni la reforma laboral. Izquierda Unida (IU) pretende recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) las dos medidas aprobadas por el Gobierno. Su portavoz, Gaspar Llamazares, tratará de conseguir el apoyo de 50 diputados más para llevar los dos cambios legales al máximo tribunal. En caso de no lograr estas adhesiones, se pondrá en contacto con el Defensor del Pueblo, que tiene potestad para interponer recursos de inconstitucionalidad.El diputado de IU, que para tener éxito requiere del apoyo del Partido Socialista, duda de que los dos cambios legales respeten la Carta Magna. En el caso de la amnistía, porque exonera de pena a quienes deben ser condenados por evasión de impuestos, explicó, y en el de la reforma laboral, porque viola los artículos que regulan la negociación colectiva de los trabajadores.