Recta final para la operación de pago de deudas a proveedores
Las empresas comenzarán a cobrar sus facturas a partir del 1 de mayo.
El mecanismo creado para saldar la deuda de la Administración pública con los proveedores afronta su recta final, no sin pocos problemas y dudas al respecto. Hasta el 15 de marzo, 4.662 ayuntamientos presentaron 1,9 millones de facturas impagadas por 9.584 millones, mucho menos de lo previsto inicialmente por el Ejecutivo (17.000 millones). En los siguientes 15 días, los proveedores que no encontraron sus facturas en los listados remitidos a Hacienda han podido reclamar su inclusión en los mismos. A partir de ayer comenzó el plazo para que los acreedores se acojan definitivamente al mecanismo para que cobren sus facturas a partir de mayo.
Ayuntamientos
Los municipios dispuestos a adherirse al plan de pago estaban obligados a presentar hasta ayer un plan de ajuste con el que hacer frente al crédito de 10 años, con dos de carencia, que van a afrontar para saldar su deuda comercial. Desde la FEMP apuntan que no todos los ayuntamientos que han presentado facturas impagadas van a elaborar planes de ajuste. De hecho, solo están obligados a diseñarlos aquellos consistorios que no disponen de mecanismos propios, como remanentes de tesorería, para pagarlos.
Un buen ejemplo es el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena (Badajoz), que ha presentado facturas por valor de 640.000 euros, pero que finalmente no se va a acoger al plan. Miguel Ángel Gallardo, alcalde de la localidad, apunta que el ayuntamiento reembolsará sus deudas "gracias al saneamiento de las arcas municipales". Gallardo cree que el consistorio puede acceder a crédito en el mercado financiero "por debajo del 5% previsto en el mecanismo". Desde ayer, Hacienda cuenta con 28 días para dar el visto bueno a los planes de ajuste presentados (todavía no hay datos oficiales puesto que hubo ayuntamientos que los aprobaron el pasado sábado) y comunicar al ICO la lista de los que han pasado la criba.
Banca
El departamento dirigido por Cristóbal Montoro irá detallando al ICO y a las entidades financieras, a medida que apruebe planes de ajuste, la lista de municipios que cuentan con su visto bueno para que provisionen el dinero que van a solicitar en el crédito. Esa suma, sin embargo, no la recibirán los proveedores hasta que los plenos municipales aprueben las operaciones de crédito.
De hecho, algunos consistorios han considerado excesivo el interés de los préstamos (en torno al 5,5%) e incluso otros han protestado enérgicamente ante los rumores que hablaban de que podría llegar incluso al 7%. Esto llevó a la FEMP a emitir un comunicado tras su última junta de Gobierno, celebrada el pasado martes, en la que defendía que el interés fijado para la financiación de pago a proveedores se mantuviera en el 5%. "Una cifra superior pondría en peligro la viabilidad de los municipios", alertó.
Proveedores
Desde ayer, los proveedores que estén dispuestos a integrarse en el plan de pago diseñado por el Ejecutivo deben dar su consentimiento de forma telemática (a través de una aplicación de la Agencia Tributaria) o presencialmente (comunicando la decisión a la entidad local).
En ambos casos, deberán presentar un documento en el que se detalle si acceden a participar en el plan, la fecha de la aceptación, la cuenta corriente, la naturaleza de la empresa, si aceptan una quita y el principal de la deuda una vez restado el descuento.
Autonomías
El sistema para el pago a proveedores autonómicos es exactamente el mismo que el diseñado para los ayuntamientos, con quince días de diferencia. De este modo, ayer se cerró el plazo para que los proveedores presentaran las facturas pendientes de pago por parte de las autonomías. Una gran parte de esas facturas corresponde a los laboratorios farmacéuticos y a las empresas de tecnología sanitaria, que guardan en sus cajones impagos por valor de 11.595 millones de euros (un 70% del total). La devolución de las facturas afecta fundamentalmente a dos comunidades autónomas (Andalucía y Comunidad Valenciana), con deudas por valor de 2.807 y 2.265 millones, respectivamente, que suponen el 44% del total.
Montoro no tendrá en cuenta las quitas
El portavoz de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Antoni Cañete, remarcó ayer que las quitas o posibles descuentos sobre la deuda no serán tenidas en cuenta a la hora de establecer prioridades en el cobro de las mismas. Así lo apuntó a CincoDías tras las dudas planteadas por el Ejecutivo, al incluir las quitas como uno de los conceptos obligatorios que deben presentar las empresas para adherirse definitivamente al plan de pago. "Hacienda nos ha garantizado que no serán tomadas en cuenta y que tan solo se tendrán como referencia la antigüedad de la deuda y si el acreedor es una pyme o un autónomo", recalca.Cañete asegura que el hecho de que haya aflorado mucha menos deuda municipal de lo estimado (9.584 millones frente a los 17.000 inicialmente calculados) ofrece un margen de financiación mucho más elevado a las comunidades autónomas para que puedan hacer frente a sus impagos con las empresas. "Este endeudamiento está más ligado a grandes corporaciones y a contratos de obra de un volumen más importante que el municipal", apunta.El portavoz de la Plataforma considera que una vez que se ponga el contador de la deuda comercial a cero, "es necesario poner en marcha el régimen sancionador previsto en la Ley de Morosidad para evitar que las administraciones acumulen un gran volumen de facturas sin pagar".
Las cifras
2.807 millones de euros es la deuda sanitaria de la Comunidad Valenciana hasta finales de 2011.150% es el porcentaje del presupuesto que debe el Consistorio de Jerez de la Frontera (Cádiz).1.147 euros es lo que adeuda Barcelona.