Defenderá que la regularización no derivará en futuras inspecciones
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Hacienda hará un 'road show' de la amnistía por los despachos fiscales

El Ministerio de Hacienda iniciará en breve una ronda de contactos con los despachos fiscales para explicar la amnistía tributaria que aprobó el Ejecutivo el pasado viernes. El Gobierno quiere extender la idea de que los contribuyentes que se acojan al proceso de regularización tendrán asegurada la confidencialidad y no sufrirán represalias tributarias. Del éxito o fracaso de esta medida depende que el Ejecutivo no suba los impuestos indirectos.

Los asesores fiscales más veteranos recuerdan que en los primeros meses de la última amnistía fiscal -que duró entre junio y diciembre de 1991-, muy pocos contribuyentes se atrevieron a acogerse a los procesos de regularización ante el temor de que la Agencia Tributaria pudiera tomar represalias contra ellos. Entonces, Hacienda inició un "agresivo plan de marketing" para informar a los despachos fiscales de que la amnistía salvaguardaba la confidencialidad y de que no serviría para sustentar futuras inspecciones fiscales.

Ahora, Hacienda hará algo similar e iniciará una suerte de road show para informar a los asesores y despachos fiscales de que la amnistía supone una oportunidad de repatriar o aflorar dinero oculto a un coste muy bajo -se aplicará un gravamen del 10%- y sin riesgos para los contribuyentes. De hecho, el plan se ha puesto en marcha ante la falta de recursos públicos y, por lo tanto, el primer objetivo es lograr los 2.500 millones de ingresos adicionales presupuestados. Para ello, resulta indispensable que el contribuyente tenga la absoluta certeza de que el hecho de aflorar dinero negro no supondrá pasar a formar parte de una lista negra. También es probable que se convoque el Foro de asociaciones y colegios de profesionales tributarios, un órgano creado recientemente para que la comunicación entre la Agencia Tributaria y los asesores fuera más fluida.

Hacienda reconoce que no le gusta aplicar una amnistía fiscal, pero asegura que es la única vía para evitar una subida del IVA. Ello sugiere que el Ejecutivo podría elevar los impuestos indirectos si no logra los 2.500 millones previstos. Luis Trigo, socio y director del área fiscal de Broseta Abogados prevé que alcanzar esa cifra es asumible y apunta que probablemente se superará. Para Trigo, la medida evidencia los problemas de ingresos de la Administración pública y destaca que supone una oportunidad para resolver situaciones tributarias personales y familiares complejas.

La posibilidad de recaudar 2.500 millones divide a los expertos

En cambio, Fernando Rodrigo Sauco, profesor de Economía de la Universidad de Zaragoza, se muestra más escéptico y recuerda que la amnistía de 1991 no dio el resultado esperado. En este sentido, prevé que regularizarán aquellos evasores fiscales ocasionales que tengan la sensación o certeza de que Hacienda está cerca de descubrirlos. Sin embargo, duda de que los contribuyentes más adinerados y que tengan capitales ocultos se acojan a la amnistía fiscal. En cualquier caso, señala que la experiencia indica que los Gobiernos suelen ser "muy parcos en ofrecer los resultados de las amnistías fiscales".

Entre el éxito de Italia y el fracaso de Alemania

Fuentes de Hacienda reconocen que la previsión de ingresar 2.500 millones por la amnistía fiscal resulta arriesgada en la medida en que, como es obvio, no existe certeza del volumen de dinero oculto que tienen los contribuyentes, tanto en España como en el exterior. En cualquier caso, para elaborar la estimación, la Agencia Tributaria ha tomado como referencia Italia, el último país que aplicó un amnistía fiscal. De hecho, el plan que puso en práctica el ex primer ministro Silvio Berlusconi en 2010 es muy similar al anunciado y aprobado el viernes por el Gobierno y que implica pagar un gravamen del 10% sobre el dinero aflorado. En el caso italiano, el tipo se fijó en el 5% y se lograron 5.600 millones. España se conforma con ingresar 2.500 millones, menos de la mitad.

Desde este punto de vista, parece que las estimaciones del Gobierno son factibles. Sin embargo, también existen precedentes que van en dirección contraria. En Alemania se aprobó una ley de amnistía que permitió regularizaciones sin sanciones entre enero de 2004 y marzo de 2005. El Ejecutivo alemán confiaba en recaudar 5.000 millones de euros y, finalmente, no alcanzó los 1.000 millones. De todos modos, en Alemania se fijaron tipos relativamente altos, entre el 25% y el 35%, lo que desincentivó a los defraudadores a acogerse al proceso de regularización.

El Gobierno español asegura que el proyecto puesto en marcha sigue los parámetros de la OCDE. En cualquier caso, este organismo internacional no tiene inconveniente en utilizar el término amnistía fiscal, mientras que Hacienda opta por una solución más rocambolesca y habla de un "programa temporal para incentivar la declaración de activos no declarados".