A fondo

La reforma inclinada del ministro Soria

El ministro de Industria, José Manuel Soria, repitió el viernes su soniquete favorito: que el ajuste para frenar el déficit de tarifa recaerá "en el consumidor, las operadoras y la Administración". Algo que no es así como demuestra la propia orden ministerial de tarifas que su departamento ha remitido a la Comisión de la Energía (CNE) para su dictamen con una anomalía formal (está fuera del plazo) que las eléctricas podrían aprovechar para ir a los tribunales, aunque en esta ocasión su contenido les beneficia. El texto de la propuesta, al que ha tenido acceso CincoDías modifica ya el primer real decreto ley del corto Gobierno del Partido Popular, el de medidas de reactivación económica (o subida del IRPF) del 30 de diciembre. Concretamente, la disposición por la que se mantenía con cargo a los Presupuestos del Estado el 17% de los incentivos a los sistemas no peninsulares, que sumaron 535,3 millones de euros en 2011. Pues bien, el Gobierno ha soltado lastre y ha decidido que esta partida presupuestaria "sea liquidada con cargo a la tarifa de 2011" y el ministerio que dirige Soria se la endosará a los consumidores en aplicación de las cautelares del Tribunal Supremo, que obligan a refacturar los consumos desde el 1 de octubre.

Sacrificio

Pero el ministro ha guardado silencio sobre este trasvase furtivo, que tampoco quiso desvelar el secretario de Estado de Energía, Fernando Marti, en la rueda de prensa exprés que ofreció el viernes por la tarde para explicar la subida de las tarifas. Marti vino a decir que la cuestión de las extrapeninsulares "se estaba viendo", lo que desmiente la propia orden ministerial. ¿Dónde está, pues, el sacrifico del Estado? En Industria aluden al supuesto recorte de los fondos del IDAE, el organismo para la diversificación el ahorro energético dependiente del Gobierno. Pero ni es un recorte, sino un remanente o superávit de años anteriores (unos 600 millones) ni el dinero se resta a las arcas públicas pues son ingresos que este organismo había obtenido vía tarifa.

Nuevas partidas enfangan la tarifa: casi 700 millones del bono social y las extra-peninsulares

Llegados a este punto, y dada la maltrecha situación de las cuentas públicas, que hacen inverosímil "el sacrificio del Estado" para con la factura de la luz, convendría que el Gobierno dejara fuera de su discurso la tercera pata, que él mismo se está ocupando de desmontar. Por el contrario, conviene también subrayar el desequilibrio de las otras dos patas sobre las que Soria ha basado una reforma con calzador, que va a acarrear serios disgustos a su Gobierno: el del esfuerzo dispar entre consumidores y empresas, así como entre unos consumidores respecto a otros y entre las eléctricas tradicionales y el resto del sector (renovables o REE).

Por el momento, con las medidas aprobadas el viernes, la diferencia es sustancial: los consumidores pagarán 1.400 millones en la tarifa a partir de abril (se prorratearán a lo largo del año, según la orden ministerial) mientras que las eléctricas verán recortados sus ingresos en 830 millones, esencialmente, en distribución, unos 700 millones. Además, hay que tener en cuenta que las grandes compañías, a las que el Supremo ha apoyado en sus últimos pleitos, se embolsarán buena parte de la cantidad que sufragarán los clientes; logran evitar nuevos déficit (que ellas financian provisionalmente) y se libran de costear el bono social, según otro fallo del Alto Tribunal.

La losa será para los domésticos, que deben pagar 980 millones de los 1.400 millones (o una subida media de la TUR del 7% en el trimestre y de los peajes del 20%). Y es que además de la partida de las extrapeninsulares, Industria ha decidido endosar al resto de clientes la partida del bono social (150 millones anuales) del que disfrutan tres millones de hogares. Por tanto, lejos de limpiar la tarifa, la enfanga con un beneficio mal llamado social, pues no se otorga en función de la renta per cápita, sino de circunstancias varias, como ser familia numerosa o tener menos de 3 kW de potencia (¡con el fraude por la falta de interruptores de control de potencia que aún persiste!). Con todo, al margen de cifras, resulta sorprendente que sean las redes de distribución (que también explotan otras 300 pequeñas compañías en España) las que paguen el pato del recorte del Gobierno, y solo porque es más limpio judicialmente: no resulta retroactivo y será difícil de recurrir, pues se trata de una norma con rango de ley. Y que se hayan librado del tajo las redes de transporte, de REE, una compañía pública, dirigida por políticos, cuyos ingresos se han duplicado en los últimos años y cuenta con un sistema de retribución más favorable (1.700 millones este año).

También sorprende el indulto a las primas de las energías verdes, la partida más elevada de la tarifa de acceso: 7.220 millones (que se incrementará en otros 2.000 millones con las termosolares en capilla), frente a los 5.700 millones de la distribución. Todo apunta a que también le llegará el turno, aunque, como de momento el Gobierno ha resuelto el déficit de este año, queda por ver si decide afrontar nuevos conflictos en el sector, derivado de la posible retroactividad de una rebaja de dichas primas o de las presiones de las eléctricas de ser de nuevo las paganas, con la aplicación de tasas a la nuclear y el agua.

Pese a esta evidente discriminación, las amenazas de las compañías de Unesa, que consideran que habrá problemas de suministro como consecuencia de los recortes, no tienen justificación. Quizá sí el cierre de determinadas plantas térmicas que no podrán sobrevivir en plena crisis de la demanda sin los pagos por capacidad, que se rebajan 80 millones (y en otros 50 millones los incentivos por producir con carbón nacional). Las eléctricas se quejan de que el Gobierno ha abordado una reforma del sector, la más importante de los últimos años, sin negociación previa. Quizás, como diría algún abogado del diablo, es el precio que están pagando por tanto recurso a los tribunales o el incumplimiento de los pactos verbales con Industria.