Un ejercicio de rigor y responsabilidad
El pasado viernes, 30 de marzo, el Consejo de Ministros dio luz verde a los Presupuestos Generales del Estado para 2012 que el próximo martes tendrán entrada en el Congreso de los Diputados para su debate y posterior aprobación por las Cortes Generales.
Se trata de unos Presupuestos especiales; especiales porque se van a aprobar transcurridos seis meses desde que comenzó el ejercicio y que han transcurrido con una prórroga ajustada el 30 de diciembre por un Gobierno que apenas acababa de tomar posesión; especiales porque han tenido que dar forma a la consolidación fiscal más fuerte desde que comenzó la democracia; y especiales porque esa consolidación debe llevarse a cabo en una situación de recesión económica que incide directamente sobre uno de sus componentes principales: la recaudación de ingresos que debe financiar los gastos que en ellos se incluyen.
Sin política monetaria ni de cambio, los Presupuestos Generales del Estado son un instrumento esencial en manos del Gobierno para conseguir su objetivo prioritario en materia económica, la creación de riqueza y, por tanto, de empleo, sin las cuales será imposible la garantía de los servicios públicos esenciales. Y a ese objetivo obedecen los Presupuestos que se han aprobado y que, como señalaba, tienen en la consolidación fiscal una de sus principales características.
La consolidación fiscal es un requisito esencial en una economía como la española, con problemas de financiación, en la que lo público y lo privado compiten frecuentemente; pero también es un compromiso irrenunciable con nuestros socios europeos y un elemento indispensable para generar la confianza que se necesita para que esa financiación, que España demanda en buena parte del exterior, sea lo más abundante y barata posible.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2012 han dado respuesta a un objetivo de déficit del 3,5% del PIB para la Administración central del Estado, es decir, debían de incorporar un ajuste respecto a los de 2011 del 1,6%. Sin embargo ese ajuste no refleja la realidad de las decisiones que se han tomado pues en la práctica se corresponde con un "esfuerzo presupuestario" en las "operaciones no comprometidas" mucho mayor.
En efecto, la evolución negativa de los ingresos públicos consecuencia de la situación económica y las obligaciones derivadas de la factura de intereses, financiación de Administraciones territoriales y prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y pensiones de clases pasivas han causado que las decisiones de reducción de gasto y medidas sobre los ingresos hayan tenido que alcanzar el 2,5% del PIB, 27.300 millones de euros, repartidos en medidas tributarias por importe del 0,8% y de gastos por el 1,7%.
El martes conoceremos con detalle la distribución de los ajustes, pero el ministro de Hacienda explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que todas las partidas sufren fuertes recortes, con excepción de las de intereses y clases pasivas; se ha elegido y se cumple con los compromisos adquiridos, pero la fuerte rebaja en los gastos corrientes -4.831 millones de euros sin las partidas excepcionadas- ha debido acompañarse con una igualmente fuerte reducción en los gastos de capital -5.477 millones de euros-. Por otra parte, los presupuestos incorporan medidas tributarias que elevan los ingresos en 12.314 millones de euros, que en unos casos son temporales, como las efectuadas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas al comienzo del año, y otras tienen carácter definitivo.
En cualquier caso, y sin perjuicio, como señalaba, de posteriores análisis, queda claro que por el Gobierno y en España estamos haciendo los deberes y que estos deben ser recompensados con la nota de la confianza y del crecimiento y el empleo que haga que el círculo vicioso se convierta en virtuoso y, así, se puedan garantizar los servicios públicos esenciales y se puedan llevar a cabo esas inversiones que incrementen a la larga nuestro potencial de crecimiento.
Elvira Rodríguez. Presidenta de la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso. Exsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos