El 'tarifazo' costará 1.400 millones a los clientes y 1.700 al sector eléctrico
El Gobierno ha aprobado un recorte de los costes de la tarifa de acceso. La medida afecta sobre todo a las eléctricas, que reducirán sus ingresos en más de 900 millones, pero no a las renovables. Por su parte, los consumidores pagarán 1.400 millones, de los que 980 corresponden a los domésticos, que verán incrementar sus peajes el 20%.
El Consejo de Ministros aprobó el viernes dos normas para luchar contra el déficit de tarifa o, más exactamente, para dar cumplimiento a las medidas cautelares del Supremo que imponen la refacturación de los suministros desde el 1 de octubre y que el ministro de Industria, José Manuel Soria, estimó ayer en 3.146 millones.
El Gobierno del PP se parapetó en estas cautelares de Alto Tribunal para justificar unas medidas que son producto de sus errores. La refacturación de la luz del último trimestre del año figuraba en un auto que se publicó a finales de diciembre y que el Ejecutivo recién llegado no quiso cumplir (unos 160 millones). Ya en enero, Industria optó por congelar la luz sin, a la vez, elevar los techos legales del déficit (las cantidades que los superen no se pueden titulizar y se han de cobrar en la tarifa), lo que se tradujo en un desfase de casi 3.000 millones y en un recurso de las eléctricas ante el Supremo.
Con estos mimbres, y con el objeto, según sus palabras, "de no cargar a los consumidores la subida de más del 30% que hubiese sido necesaria para sufragar ese desfase", Soria anunció un paquete de medidas con el que pretende repartir "este ajuste entre consumidores, empresas y administración en este caso solo el coste del IDAE". En el caso de las empresas, se aprobó un real decreto ley que recorta los costes de los peajes de acceso (o de los ingresos de las compañías) en 1.700 millones. En cuanto a los consumidores, se ha remitido a la CNE para su dictamen una orden que incluye una fuerte subida de los peajes, que suman otros 1.400 millones (un 70%, o 980 millones, los pagarán los domésticos). El alza para estos clientes acogidos a la tarifa de último recurso (TUR) se traducirá en un incremento del 20% (no lejos del 30% que se quería evitar); la de las pymes, del 8,5% y la de las grandes empresas que están en alta tensión de otro 8%.
Teniendo en cuenta que los peajes (parte regulada del recibo) supone más de la mitad de la TUR y que la otra mitad es el precio de la energía que se fija en la subasta Cesur, que ha bajado un 7%, la subida media para los domésticos será del 7% que reitera el Gobierno. Pero, como este componente varía trimestralmente, los 1.400 millones a pagar en abril pesarán ya como una losa.
Recorte a las empresas
A estas medidas por el lado de los ingresos, se suman otras por el de los costes que han chocado en la línea de flotación de las grandes eléctricas, que verán recortar en 700 millones los ingresos de la distribución, que desarrollan las cinco de Unesa y otras 300 pequeñas distribuidoras. Pero las eléctricas sufrirán otras rebajas: un 10% de los pagos por capacidad (80 millones) y 50 millones del precio regulado que recibe la producción eléctrica con carbón nacional, medidas que afectarán a muchas centrales térmicas.
El resto, hasta 1.700 millones, lo completan recortes en el mecanismo de interrumpibilidad (un incentivo que recibe la gran industria vía tarifa), por 60 millones; de la financiación de Omel, 20 millones; y de ingresos remanentes de años anteriores del IDAE (600 millones) y la CNE (60 millones). En el caso de las redes de transporte de REE, solo le afectará en 197 millones, aunque no es un recorte sino un retraso en la retribución de inversiones. Las eléctricas consideran "discriminatorio" este trato "entre redes" y el que no se hayan tocado las primas de las renovables.
El bono social a los demás
El ministro de Industria no debió considerar oportuno dar otra mala noticia: que la financiación del bono social del que disfrutan tres millones de consumidores y supone unos 190 millones anuales correrá a cargo del resto de los ciudadanos. Tuvieron que ser el secretario de Estado de Energía, Fernando Marti, y el director general de Energía, Jaime Suárez, los que anunciaran esta medida en otra rueda de prensa.La obligación de las cinco grandes operadoras de financiar el bono social ha sido anulada por otra sentencia del Supremo y, pese a que Suárez aseguró que el fallo obliga a cargar el coste "en el sistema", lo cierto es que este solo alude a que era un sistema "discriminatorio y poco transparente" (podrían financiarlo más empresas del sector). Los altos cargos de Industria señalaron que el nuevo sistema de financiación del bono es provisional, y que el ministerio va a elaborar otro teniendo en cuenta el concepto de "consumidor vulnerable" de la UE. El bono social español (una tarifa congelada) no está ligado a las rentas.
Recortar el déficit en el gas
Además del paquete eléctrico, el Gobierno aprobó el viernes otro similar para el gas: un real decreto ley que incluye la congelación o hibernación de inversiones, y una orden ministerial de tarifas, que supondrá un incremento de la TUR del gas del 5% a partir de mañana. Con estas medidas, el ministerio quiere dar "racionalidad a las redes de transporte" y "controlar en 300 millones" el actual déficit de 510 millones que registra también la tarifa regulada de este combustible. De esos 200 millones, la mitad procederán de la subida de los peajes y la otra del recorte de costes. Los peajes del gas han aumentado un 30% desde 2005 y el ritmo de las inversiones ha chocado con la crisis de la demanda.El real decreto ley paraliza la construcción de nuevas regasificadoras en la Península; suspende la autorización administrativa de gasoductos planificados y establece medidas restrictivas para almacenes subterráneos (no recibirán retribuciones provisionales). Otros ajustes van en la orden de tarifas, como el aumenta el plazo de amortización de los almacenamientos a 20 años y el fin de los incentivos para contratar capacidad. Asimismo, se elimina la opción de retribución específica de la distribución de gas.
El 1 de abril
La luz subirá el día 1, aunque con carácter retroactivo. Y es que Industria no envió hasta el viernes la orden de tarifas a la CNE para su dictamen preceptivo, que se aprobará a mediados de abril.Hasta entonces, quedará prorrogada la orden de tarifas de enero, tal como figura en el real decreto ley aprobado el viernes.
La cifra
5% es la subida de la tarifa de último recurso (TUR) del gas aprobada el viernes por Industria.