El Gobierno garantiza por ley que no pedirá cárcel en los casos de delito fiscal
El real decreto-ley que incluye la amnistía fiscal y que acaba de publicar el BOE, modifica la Ley General Tributaria para garantizar que los contribuyentes que regularicen voluntariamente su situación con el fisco quedarán exonerados de cualquier responsabilidad penal.
Para evitar cualquier duda o temor entre los contribuyentes que quieran acogerse a la amnistía fiscal aprobada ayer por el Gobierno, el Ejecutivo acaba de modificar la Ley General Tributaria para incluir en ella la llamada excusa absolutoria, que impide que Hacienda abra la vía penal para los defraudadores que hayan regularizado voluntariamente su situación. Esta norma ya se contempla en el Código Penal, sin embargo, su inclusión en la Ley General Tributaria persigue ofrecer mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que hayan defraudado más de 120.000 euros, umbral a partir del cual se considera que la evasión fiscal es constitutiva de delito que puede ser penado con cárcel.
De hecho, el cambio normativo no se circunscribe únicamente en el marco de la amnistía fiscal, que establece un gravamen del 10% para los contribuyentes que declaren hasta el 31 de noviembre bienes defraudados al fisco. Es decir, un declarante que regularice voluntariamente ante el fisco su situación una vez vencido el plazo de la amnistía fiscal no podrá acogerse al gravamen especial del 10%. Sin embargo, Hacienda le garantiza que no le reclamará responsabilidades penales y, por lo tanto, las sanciones se limitarán al ámbito administrativo. Si bien ello ya sucedía actualmente, resulta significativo que el Ejecutivo haya incorporado la excusa absolutoria en la Ley General Tributaria.
Actualmente, el Código Penal contempla penas de entre uno y cinco años de cárcel en casos de delito fiscal, sin embargo, es muy extraño que un contribuyente llegue a pisar nunca la prisión por defraudar al fisco. El Ejecutivo prevé que la amnistía fiscal permitirá aflorar 25.000 millones, un importe del que Hacienda se quedará el 10% (2.500 millones). Además, la amnistía fiscal incluye un gravamen especial del 8% para las empresas que repatríen dividendos obtenidos en filiales ubicadas en paraísos fiscales. Esta medida elevará, según las previsiones de Hacienda, los ingresos públicos en otros 750 millones adicionales.