Banco de Valencia emite 300 millones antes de la subasta
La entidad coloca deuda con aval público justo antes de que el Banco de España inicie el proceso de venta
Banco de Valencia, entidad intervenida por el Banco de España el pasado mes de noviembre y a punto de ser subastada, colocó 300 millones de euros en bonos a tres años el pasado viernes. Una emisión que realizó con aval del Estado y que se diseñó con el objetivo de mantenerla en balance para poder apelar a las subastas de liquidez del BCE.
Banco de Valencia pagará un interés del 3,9% en esta última colocación y con ella la entidad agota el máximo previsto de deuda garantizada que podía emitir durante el primer trimestre del año.
Una operación que se produce cuando el Banco de España está a punto de dar el pistoletazo de salida a la subasta de la entidad valenciana. En principio se esperaba que comenzara a finales de febrero, una vez resuelta la puja por Unnim, pero la situación se ha complicado. El enfrentamiento generado entre Caja Madrid y Bancaja, accionistas indirectos de la entidad a través del 39% que posee BFA, matriz de Bankia, en la entidad valenciana, es uno de los motivos que tratarán de atajar las auditorías que se están realizando sobre la entidad para su valoración. Otras cuestiones que pesan, según fuentes del mercado, son las dudas que genera el sistema de ayudas públicas que acompañará a este proceso ahora que el Fondo de Garantía de Depósitos se ha quedado con recursos justos (unos 2.000 millones de euros) para afrontar esta subasta.
En el mercado, no obstante, se espera que tan pronto como esta semana las entidades interesadas en Banco de Valencia reciban el cuaderno de venta. BMN, BBVA, Kutxa, Santander y Popular son las entidades que figuran en la lista de interesados. Sabadell, centrado en la absorción de CAM, no se encuentra entre los bancos que previsiblemente participarán en la puja. Y en el mercado se comenta que BMN, entidad con una fuerte exposición al negocio de pymes en la Comunidad Valenciana, es una de las entidades más interesadas por la complementariedad que supondría para su negocio la adjudicación de la entidad catalana.
El calendario aprieta y si la subasta se retrasa hasta después de Semana Santa se hará más difícil llegar al 31 de mayo con la operación cerrada. El Gobierno ha fijado esa fecha como límite para la presentación de planes de fusión y como incentivo para promover las uniones dará a aquellas entidades involucradas en una operación hasta dos años (hasta diciembre de 2013) en vez de uno para sanear los activos inmobiliarios.