La política económica del próximo Gobierno andaluz
Los resultados de las elecciones autonómicas celebradas el 25 de marzo en Andalucía y Asturias ratifican aquello que en su día dijo Manuel Fraga Iribarne: en política todas las victorias son efímeras, y todas las derrotas son provisionales. Nuestra Constitución y sus desarrollos legislativos posteriores establecen varios mecanismos que regulan las situaciones de inestabilidad política, favoreciendo la formación de Gobiernos con un respaldo amplio y plural. El escenario parlamentario que se ha configurado tras el proceso electoral se podría caracterizar así: (i) el PP es la fuerza política mayoritaria en Andalucía y la tercera en Asturias; por el contrario, el PSOE es la fuerza mayoritaria en Asturias y la segunda en Andalucía; y (ii) los resultados electorales obligarán a formar coaliciones de Gobierno o, en su defecto, pactos de legislatura o acuerdos puntuales: en el caso de Andalucía la coalición más probable es PSOE-IU; mientras que en Asturias es Foro Asturias-PP o, quizás, Foro Asturias-PP-UPyD.
Con el escenario parlamentario descrito, y tras lo sucedido en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada el pasado día 5 de marzo, en el que se aprobó que el déficit público de las comunidades autónomas para este año no puede superar el 1,5% del PIB, con el único voto en contra de la representante de la Junta de Andalucía, tiene sentido plantear el siguiente interrogante: ¿qué política económica va a aplicar el próximo Gobierno socialista de la Junta de Andalucía? Para dar respuesta a esta pregunta hemos de acudir a la teoría del votante mediano, que predice que el Ejecutivo de Griñán orientará la política económica buscando satisfacer las preferencias de este colectivo de electores. Por otra parte, nuestro análisis se reduce a predecir qué sucederá en las políticas de intervención económica, control del gasto púbico y bienestar.
1. Es muy probable que el futuro Ejecutivo sea intervencionista. Para hacer esta predicción nos fundamentamos en dos argumentos objetivos: (i) el 40% de los votantes de izquierdas de la región son partidarios de que el Gobierno intervenga más en la economía, y (ii) casi el 54% de los electores del PSOE manifiestan un sentimiento favorable a la injerencia del Ejecutivo en la economía. Con esta información es previsible que IU presione al futuro Gobierno de Griñán para que adopte una política económica más intervencionista, con el fin de satisfacer al electorado de izquierdas.
2. Respecto a la orientación de la política de gasto público existe incertidumbre, ya que la estructura del presupuesto estará muy condicionada por la presión que ejerza IU durante la tramitación del mismo en el Parlamento de Andalucía. Si el PSOE hubiera tenido un respaldo mayoritario (absoluto), podríamos esperar que los próximos presupuestos fueran restrictivos, ya que el 65% de los votantes socialistas evidencian sus preferencias por el control del gasto público. Sin embargo, presagio que los dirigentes de IU van a mantener una actitud inflexible respecto a este issue y van a incitar al futuro Gobierno de Griñán a romper con el principio de estabilidad presupuestaria, argumentando que el votante de izquierdas es contrario a la reducción del gasto público.
3. Para predecir cómo será la política de bienestar que aplicará el Ejecutivo andaluz a lo largo de la próxima legislatura, hemos de diferenciar entre políticas de igualdad socioeconómica (redistribución de la renta) y seguridad socioeconómica (desempleo y sanidad). Si bien es cierto que las políticas públicas de igualdad socioeconómica, en general, ocupan el último lugar dentro del ranking de preferencias de los electores andaluces, es muy probable que el próximo Gobierno de la Junta de Andalucía articule medidas tendentes a reducir los diferenciales de renta, pues el 85% de los votantes socialistas y el 94% de los votantes de IU son partidarios de una redistribución más equitativa de la renta. En materia de fiscalidad, si bien es cierto que el Gobierno autonómico posee menos competencias, esperamos que el principio de progresividad sea el criterio sobre el que se fundamente la política impositiva, ya que la mayoría absoluta de los votantes del PSOE e IU apoyan un aumento de la cara fiscal. Nuestra predicción se ve reforzada por el hecho de que casi el 90% de los andaluces son partidarios de que el Gobierno logre una distribución más equitativa de la renta. Por otra parte, también presagiamos que Griñán tendrá que atenuar las presiones de IU para aumentar los impuestos, ya que el índice de protesta fiscal de los andaluces se sitúa en torno al 60%.
En materia de políticas públicas de seguridad socioeconómica es muy probable que a lo largo de la próxima legislatura aumente el crédito presupuestario a la educación y sanidad, tal y como le reclaman la mayoría de los andaluces. Como contrapartida, esperamos que las políticas de desempleo y prestaciones sociales, vivienda y transporte ocupen un lugar inferior en el ranking de las políticas de seguridad socioeconómica, ya que las preferencias del votante mediano, respecto a las mismas, son sensiblemente menores.
José Luis Sáez Lozano. Profesor titular de la Universidad de Granada