Toque de atención a las reformas de Rajoy
Las elecciones autonómicas en Andalucía y Asturias dejan las cosas prácticamente como estaban en ambas regiones: la izquierda retiene el control de la Junta de Andalucía, quebrando la expectativa del Partido Popular de lograr el Gobierno por vez primera en 30 años, y la derecha, fragmentada, suma mayoría absoluta para poder gobernar en el Principado de Asturias. El examen electoral de ayer era el primero en España tras las profundas reformas puestas en marcha por el Partido Popular de Mariano Rajoy, especialmente la del mercado de trabajo, y los resultados podrían interpretarse como una primera prueba contra tal transformación. La izquierda ha avanzado en las dos regiones, con un trasvase de sufragios desde el PSOE hacia Izquierda Unida, y en un escenario en el que no hay que minusvalorar la circunstancia de que la izquierda sindical ha convocado una huelga general contra la reforma laboral, que coincide en el tiempo, por vez primera, con una campaña electoral.
Andalucía ha mostrado una gran resistencia al cambio, pese a que el PP de Javier Arenas, que luchaba por cuarta vez en los comicios regionales, haya ganado las elecciones en votos y escaños. El escenario que los ciudadanos han abierto en Andalucía con la probabilidad cierta de que la izquierda, y José Antonio Griñán, retengan el Gobierno, tiene como retos inmediatos alcanzar el objetivo de déficit fijado por Hacienda para las comunidades autónomas, el 1,5%. La andaluza es, tras Cataluña, la autonomía que exige mayor esfuerzo de ajuste -2.540 millones de euros este año- para cumplir. La tarea es titánica y más lo será si una coalición de gobierno obligada con Izquierda Unida pone en revisión la política fiscal impuesta desde Madrid por imperativo de Bruselas. En todo caso, el nuevo Gobierno, el viejo Gobierno, tendrá que reiniciar su andadura con un desfase presupuestario mayor que la media autonómica.
Andalucía fue la única comunidad que votó en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que decidió ese techo de déficit regional, pero no por ello se verá eximida de tener que cumplirlo. Pero el gran reto de Andalucía, más incluso que en el resto del país, es bajar una tasa de paro del 31,23%, la más alta de España, casi diez puntos más que la media. Y ello con un mercado laboral sustentado por el empleo público: el 25% de los 2,74 millones de ocupados, frente al 21% nacional. Además, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria se ha cebado en el empleo con más intensidad que en otras comunidades. Un paro estructural muy difícil de combatir, unas políticas activas de empleo ineficaces, un agravamiento del problema en el entorno rural y un serio escándalo de corrupción con una multimillonaria y vergonzante malversación de fondos para la reestructuración de empresas son un cóctel difícil de digerir. Solo la potenciación del entramado industrial de la región servirá para combatir este grave problema. Porque la comunidad tiene posibilidades de crecer en sectores punteros como las energías renovables, el turismo o la moderna agricultura, especialmente en la transformación de productos del sector primario.
Asturias, por su parte, desemboca tras las elecciones en un nuevo proceso negociador que debe despejar su oscuro futuro: gana el PSOE, pero una derecha dividida suma mayoría absoluta. Los responsables políticos están obligados a olvidar una legislatura fallida y emplearse a fondo, como en Andalucía, en la recuperación económica y del empleo, de la estabilidad presupuestaria y del tejido industrial. La convocatoria anticipada de las elecciones por el FAC, después de que PSOE y PP unieran fuerzas contra unos presupuestos poco creíbles, ha llevado a la región a tirar un tiempo y un dinero de los que no dispone.
La economía asturiana sigue siendo subsidiaria en gran parte de los males inyectados por años de empresa pública, que adormece el emprendimiento. Asturias necesita salir del pozo negro en que yacen su economía y una demografía decadente, producto de decenios de un sector público que opacó la iniciativa de empresarios y universitarios que han debido de emigrar a otras tierras. Sería un gravísimo error seguir dilapidando la cultura empresarial de toda una generación, una responsabilidad achacable al desaguisado político en que vive el Principado por falta de unos pactos políticos más urgentes cada día.
