Las víctimas de un plan trifásico
En una de sus múltiples comparecencias públicas y con la locuacidad que le caracteriza, el ministro de Industria, José Manuel Soria, anunció que la reforma del sistema eléctrico para eliminar el déficit de tarifa descansaría sobre tres pilares: los consumidores, el balance de las operadoras y el Estado. Aun sin saber qué entiende el Gobierno por "reforma", la frase se prestó a interpretaciones.
Para Unesa, cuando el ministro aludió a las operadoras se estaba refiriendo a todas las empresas del sector, no solo a sus asociadas. Y en ningún momento, según la patronal, aludió a una quita de la deuda que financian las grandes eléctricas.
Ya en otro foro, el ministro canario matizó que no habría quita, pero la decisión del Gobierno de frenar las titulizaciones del déficit (no se realiza ninguna nueva emisión desde hace un mes, pese a que hay certificados 7.000 millones) conduce a sospechar lo contrario.
Tampoco resulta creíble, sino todo lo contrario, que el Estado vaya a asumir ni un céntimo de la deuda eléctrica. De hecho, los Presupuestos de 2012 han soltado el único lastre que tenía: los 256 millones con que se financiaba una parte (el 17%) de los costes de los sistemas extrapeninsulares.
Y de lo que no cabe ninguna duda es que hay una pata que soportará buena parte del peso: los consumidores, a través del recibo de la luz. Ya sea por decisión del Gobierno o del Supremo, empeñado últimamente en subir la tarifa para aplicar la ley.
Por el momento, el Gobierno tiene a su favor una bajada de los costes de la energía con la que podrá "simular" una congelación o una subida discreta de la factura, cuyos peajes subirán de forma sustancial para cubrir la hipoteca del déficit.
Las relaciones entre las eléctricas y el Gobierno no atraviesan por su mejor momento: el recurso a los tribunales por parte de las compañías ha puesto en serios aprietos a Industria. Pero tampoco las relaciones entre el ministro y el equipo energético que dirige el secretario de Estado, Fernando Marti, van viento en popa.
Por el momento, Soria quiere ajustar cuentas con los consumidores, mediante una subida de los peajes en abril, y meter la tijera a los ingresos regulados de la distribución. Dos medidas que puede sustanciar en un real decreto-ley y que, en su opinión, le causarán pocos problemas judiciales. Y es que Soria quiere que la "seguridad jurídica" sea la que marque sus pasos a partir de ahora.
Muchos consideran sorprendente que vayan a ser las redes de distribución (no así las de REE, que ha duplicado sus ingresos en los últimos años) las que paguen los errores que han conducido a la sangría del déficit tarifario.
Pero la reforma no va a quedar ahí y el Gobierno aplicará otras dentro de un mes. Todo apunta a que serán medidas fiscales: tasas o impuestos sobre la generación nuclear y/o la hidráulica; sobre los beneficios empresariales (más fáciles de eludir y trasladables luego a los precios) y sobre los carburantes. Estas medidas requerirán de un proyecto de ley con tramitación parlamentaria.
Y entre tanto, las empresas termosolares permanecen agazapadas, conscientes de que para ellas el peligro tampoco ha pasado.