La maraña judicial de la tarifa de acceso
El Supremo impone a Industria una refacturación cautelar de 2.900 millones desde octubre.
Los abogados del Estado se debaten estos días sobre qué hacer con las cautelares que el alto tribunal ha otorgado a las empresas eléctricas para que las tarifas de los dos últimos trimestres recojan de forma adecuada los costes que la ley les reconoce.
Cautelares
Iberdrola, primero, y Endesa y Gas Natural Fenosa, después, han logrado que el Tribunal Supremo les admita las medidas cautelares (para evitar un daño económico irreversible) que habían solicitado en los respectivos recursos contencioso-administrativos que presentaron contra la orden de tarifas de enero. Era la tercera vez que las empresas o su patronal, Unesa, recurrían una orden de tarifas: la primera, ganaron el recurso; la segunda (la de octubre de 2011), lograron cautelares negativas (el alto tribunal obligó a recuperar la tarifa del trimestre anterior) y en la tercera ocasión ha ido aún más lejos, al obligar a Industria a elaborar una nueva orden de tarifas con efecto 1 de enero. Esta debe incluir la refacturación de dos partidas: 904 millones correspondientes al extradéficit del año pasado y otros 1.800 millones, a parte del previsto este año.
Interpretaciones
Estas refacturaciones se incluirán en la revisión tarifaria que el Gobierno llevará en el real decreto-ley que el Consejo de Ministros aprobará el próximo viernes y que el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha prometido cumplir. Sin embargo, en el sector desconocen cuál es la interpretación que los abogados y los técnicos de Industria darán a esta parte de las cautelares, que, en cualquier caso, no son recurribles. Hay quien considera que la última partida no tiene por qué sustanciarse en los próximos peajes, pues forma parte del déficit de tarifa de este año, cuyo límite legal podría elevar el Gobierno a través de una norma con rango de ley.
æscaron;ltimo trimestre
Sea cual sea la interpretación de las últimas cautelares, hay otras pendientes (las del último trimestre del año pasado) que no se prestan a ambigüedades. El 23 de diciembre, el Supremo publicó un acuerdo por el que obligaba al Ministerio de Industria a refacturar los consumos del último trimestre. En ese caso, las eléctricas denunciaron una bajada de los peajes del 10% en octubre, una medida "ilegal", según el Supremo, que "no tiene encaje en el actual marco regulatorio". Industria se limitó a refacturar solo el consumo de una semana (desde la publicación del auto), pero el Supremo le obliga ahora a hacerlo desde el 1 de octubre (unos 160 millones)
Bono social
Pero la decisión que más preocupa a Industria es la sentencia por la que el alto tribunal anula la obligación que tienen las grandes generadoras de electricidad de financiar el bono social de la tarifa, que disfrutan tres millones de consumidores. Esta obligación es "discriminatoria y no transparente", indica el fallo. Aunque este no elimina el bono, sino solo su sistema de financiación, el Gobierno lo tiene difícil: o lo paga el resto de consumidores (otra discriminación) o lo amplía a todas las generadoras (que se le echarían encima) o elimina este beneficio social en plena crisis económica.