Entorno

Demasiadas voces en el agua

Un total de 8.100 municipios deciden la gestión del agua en España. El sector pide un regulador para ganar eficacia y ahorrar costes

Demasiadas voces en el agua
Demasiadas voces en el agua

Este año, la celebración del Día Mundial del Agua coincide con el debate sobre la privatización de este recurso. A diferencia de la inquietud en la calle, para las empresas operadoras, consultoras y organismos públicos lo importante es que más allá de que la gestión esté a cargo de una empresa pública o privada, son los propios ayuntamientos, a veces mancomunados, los que en última instancia deciden la tarifa que recae en el usuario.

"El agua nunca puede ser privada, es un bien público, al igual que las infraestructuras, que pertenecen al Estado, con excepción de Canarias, donde sí hay propietarios de las canalizaciones porque se mantuvieron después de la aprobación de las primeras regulaciones", explican desde la consultora Professional Water & Partners, especializada en el sector.

A partir de ahí, si se mira el mapa de la gestión en España, se observa que prácticamente el 50% de las instalaciones son de gestión privada, y la otra mitad son públicas, con multitud de figuras jurídicas para su administración. Lo que comparten ambos modelos es que son los propios ayuntamientos los que deciden cuándo y cómo modernizar infraestructuras y cuándo subir o bajar el precio del agua. En total, unas 8.000 voces ponen normas en un sector que ya no puede permitirse nuevas concesiones por la agonía de las Administraciones y donde la inseguridad jurídica está espantando a los inversores. Por ello, todo el sector al unísono pide la creación de un regulador.

En plena sequía de concesiones, un regulador daría seguridad a los inversores

"Esta figura ya existe en otros sectores, como la energía, ¿por qué no instaurarla en el agua?", se preguntan desde esta consultora. La complejidad de la actividad haría prácticamente inviable que este organismo de tutela fuera estatal, pero "podría existir a escala autonómica", añaden.

"El regulador es importante para garantizar la calidad de las infraestructuras", prosiguen. Está sucediendo en España que los ayuntamientos no siempre revierten los ingresos del recibo en la modernización o en el mantenimiento de las infraestructuras de abastecimiento y en la depuración de aguas residuales que dependen de ellos, lo cual tiene un efecto directo en la calidad del suministro que consume el ciudadano.

En plena recesión económica y sequía de concesiones en todos los sectores, se hace imprescindible ofrecer seguridad jurídica a los inversores. Y aquí de nuevo la importancia de un regulador que sirva de palanca para atraer inversiones y para garantizar que los ayuntamientos no aplacen obras de alcantarillado y de depuración de aguas residuales, dos prioridades actuales.

En cualquier caso, no parece que la gestión del agua urbana tenga visos de cambiar, al menos por el momento. Cada año el sector reclama los mismos cambios, sin que cambie realmente nada en la estructura del sistema.

La previsible privatización en la gestión del Canal de Isabel II de Madrid podría ser el cambio más visible, por el temor de muchos colectivos de que el precio del agua suba y la calidad del servicio merme. Pero de nuevo se recuerda que la tarifa es política y no depende de las empresas concesionarias.

"El Canal es un ejemplo en España y fuera, es una de las empresas con mejores infraestructuras porque reinvierte en ellas", explican desde Professional Water. Pero también lo es Aguas de Barcelona, que gestiona el suministro en la ciudad condal. "Las empresas privadas tienden a apostar por una mayor tecnificación y una explotación muy eficiente de las plantas para maximizar los ingresos", añaden desde esta consultora. Cuando la joya de la corona de la Comunidad de Madrid, que representa el 20% del mapa del agua en España, pase a manos privadas, el 70% de la gestión de este recurso será privada.

Soterrado queda el debate sobre el bajo precio de este bien en España. Desde las organizaciones profesionales se asegura que se paga menos por el agua que por el teléfono móvil, y que sería necesario aumentar la factura en un 30% para cubrir los costes por el mantenimiento de las infraestructuras y por la necesaria inversión en alcantarillado, completamente abandonado, según los expertos.

De nuevo, piden la existencia de un regulador autonómico o estatal para que los ayuntamientos "pierdan el todopoder y deleguen las normas de juego de esta actividad en un organismo que asegure la inversión en las infraestructuras necesarias y no jueguen con el precio del agua", concluye una voz conocedora de la problemática este sector.

Las empresas siguen su carrera al exterior

La cifra de 19.000 millones de euros sigue retumbando entre las empresas operadoras y de ingeniería en el sector. Esa es la inversión que hace falta en España para cumplir con las exigencias europeas en términos de infraestructuras y depuración de aguas residuales. En los últimos años se ha mejorado mucho y hoy se filtra en España el 80%, pero lo que falta por hacer corre el riesgo de dilatarse sine díe debido a que las empresas se ven faltas de contratos para trabajar aquí.

La crisis económica está acentuando la búsqueda de proyectos en el exterior por parte de las compañías españolas de ingeniería y de servicios de agua, reconocidas en todo el mundo. Aqualia de FCC, Acciona, OHL, Cadagua de Ferrovial y Sufi de Sacyr Vallehermoso son algunas de las grandes que han llevado sus negocios al extranjero por la sequía de contratos en España.

Si la huida de las empresas españolas continúa, se corre el riesgo de que los escasos concursos queden desiertos, alertan desde las propias compañías.

Con el modelo tradicional de concesión agotado, la participación público-privada se perfila como la única opción viable para que las grandes decidan mantener parte de su negocio en el país.

"Es uno de los pocos caminos que quedan por explorar. Es un buen esquema porque ayudará a que la financiación sea posible", ha explicado anteriormente a este periódico Aquagest, precursora de este modelo público-privado en el mercado nacional, con la creación de empresas mixtas para la gestión. Otra modo es inventar nuevas fórmulas, como prestar servicios tecnológicos o de consultoría para racionalizar el consumo.