Un reto fiscal que vale la pena asumir
La puesta en práctica de la promesa del Gobierno de modificar el régimen del IVA a las pequeñas empresas va a traer consigo, entre otras consecuencias, un cambio sustancial en las relaciones de las pymes con la Agencia Tributaria y en la propia operativa de esta última. La propuesta del Ejecutivo, realizada durante la campaña electoral, consiste en sustituir el actual criterio de devengo del impuesto -que exige al empresario pagar al fisco cuando emite la factura, con independencia de si ha cobrado o no su importe- por el denominado criterio de caja, que difiere el abono del impuesto al cobro efectivo de la deuda. La medida, a la que podrán acogerse de forma opcional las pymes, está pensada para resolver los graves problemas de tesorería que produce el actual deber de adelantar a Hacienda un dinero que aún no se ha recibido. Una carga que se ha convertido en insoportable para muchas pequeñas empresas, asfixiadas por la escasez de liquidez mientras esperan el cobro de facturas pendientes.
Desde el punto de vista de la neutralidad del impuesto, la sustitución del criterio de devengo por el de caja parece una decisión difícil de objetar. La obligación actual de ingresar el IVA en el momento en que se emite la factura beneficia claramente a Hacienda, que se asegura el cobro del tributo con independencia de los retrasos, dificultades y condiciones pactadas entre las empresas y sus acreedores. Una ventaja que no se circunscribe únicamente a este aspecto, sino también a la intensidad de control que debe ejercer la Agencia Tributaria sobre el contribuyente, mucho mayor con el criterio de caja que con el actual criterio de devengo.
Precisamente, esta es una de las grandes objeciones que ensombrecen la propuesta del Gobierno. Su puesta en práctica obligará a la Agencia Tributaria a extremar la vigilancia sobre las empresas como medio para evitar la proliferación de un mayor fraude fiscal. Ello exigirá probablemente a los pequeños empresarios la remisión periódica a Hacienda de sus libros de registro del IVA para que esta pueda comprobar la emisión y cobro de facturas, una contraprestación lógica, pero cuyo coste puede resultar desincentivador para las pymes. A esos peros, hay que sumar también las distorsiones que puede introducir en las deducciones del impuesto, en las que no puede aplicarse el criterio de caja, dado que ello obligaría a Hacienda a devolver al contribuyente un dinero que todavía no ha recibido.
Todos ellos constituyen problemas importantes, que exigirán del Gobierno un diseño normativo especialmente cuidadoso y una técnica legislativa lo más depurada posible con el objetivo de evitar que la ventaja prometida se convierta en una carga. Pero se trata, sin duda, de un esfuerzo que vale la pena acometer, dado el alivio que la medida puede suponer para la caja de las pequeñas empresas.